Los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Andalucía han acogido durante el curso 2024/2025 a más de 700 jóvenes que, pese a cumplir medidas judiciales privativas de libertad, han continuado su formación educativa, desde Educación Secundaria hasta estudios universitarios. Según datos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, más de la mitad de estos menores –un 54%– ha superado las materias en las que estaba matriculado, evidenciando el impacto positivo de la educación en el ámbito de la justicia juvenil.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, destacó que “nuestro objetivo es que estos chicos dispongan de herramientas que les permitan reorientar su vida y aprovechar una segunda oportunidad”. El sistema andaluz de justicia juvenil cuenta actualmente con 14 CIMI y 751 plazas, y el último centro inaugurado, en Málaga, aportó 50 nuevas plazas al sistema antes del verano.
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Formación reglada y universitaria
Durante el pasado curso, 463 menores han cursado formación reglada. La mayoría se ha centrado en Educación Secundaria, con 256 en la modalidad para adultos y 86 en ESO. Además, 42 internos han realizado Formación Profesional Básica, 36 cursaron Grado Medio o Superior, y 41 han seguido Bachillerato. Cabe destacar que dos jóvenes de los centros de Las Lagunillas (Jaén) y Medina Azahara (Córdoba) cursaron estudios universitarios y superaron los créditos necesarios para promocionar, demostrando que la educación superior también es accesible para los menores infractores con el apoyo adecuado.
Programas no reglados y alfabetización
Otros 238 internos participaron en programas no reglados, enfocados en alfabetización, neolectura, formación básica o preparación de pruebas de acceso. Según la Consejería, casi un 59% de estos jóvenes logró avanzar en estos programas, lo que demuestra la efectividad de estas iniciativas complementarias para facilitar la reinserción y el desarrollo personal.
Durante 2024, 1.141 jóvenes cumplieron medidas de internamiento en Andalucía, muchos de ellos beneficiándose de la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo para continuar con su formación mientras cumplen la medida judicial. Los programas educativos, sumados a la formación profesional orientada al empleo, buscan ofrecer a los menores herramientas que les permitan construir un futuro lejos de la delincuencia.
Nieto subrayó que el espíritu de la Ley del Menor, que este año cumple 25 años, combina sanción y reeducación, y resaltó que entre el 70% y el 80% de los menores que pasan por los CIMI no reinciden, convirtiendo al modelo andaluz en un referente tanto nacional como internacional en justicia juvenil.
Los resultados de este curso consolidan la apuesta de Andalucía por la educación como herramienta de reinserción, reforzando la idea de que la sanción debe ir acompañada de oportunidades de formación y desarrollo personal, incluso en situaciones de internamiento.