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El Gobierno ha presentado este viernes su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, con la que Hacienda redibuja el sistema vigente incrementando los recursos disponibles, aunque sin concretar todavía el reparto final entre comunidades autónomas. El planteamiento eleva el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, lo que supondrá un aumento de los recursos del sistema de financiación de aproximadamente 16.000 millones de euros en 2027.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en rueda de prensa que la propuesta marca las líneas generales de un nuevo modelo destinado a reforzar el Estado del bienestar y la autonomía financiera de las comunidades, si bien el diseño definitivo y su impacto concreto en cada territorio quedarán sujetos a la negociación multilateral y al desarrollo posterior del sistema. El Ejecutivo, ha recordado, asumió este compromiso al inicio de la legislatura.
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El modelo se reformula tras 17 años
“El Gobierno entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años”, ha señalado Montero, quien ha subrayado la necesidad de actualizar un sistema que, a su juicio, no responde plenamente a la realidad actual de las comunidades autónomas.
El punto de partida de la propuesta se basa en diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para blindar los servicios públicos fundamentales, refuerce la corresponsabilidad fiscal, garantice la solidaridad interterritorial, respete la singularidad territorial y resulte más transparente y sencillo.
Según la ministra, la complejidad del modelo radica en que debe ser válido para comunidades con realidades demográficas, económicas y territoriales muy distintas. “No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino un sistema que se adapte y dé respuesta a la diversidad de la España autonómica”, ha remarcado.
Reformulación del cálculo de la población ajustada
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reformulación del cálculo de la población ajustada, el indicador que determina las necesidades de financiación de cada comunidad en función de variables que influyen en el coste de prestación de los servicios públicos.
Entre los criterios considerados, la población padronal tendrá un peso del 30% en la ponderación total. A ello se suma la población protegida equivalente, que concentrará el 38% y está vinculada principalmente al gasto sanitario, la partida más elevada de los presupuestos autonómicos. En este ámbito, el Gobierno propone ampliar de siete a veinte los grupos de edad utilizados para el cálculo, con el objetivo de aproximar mejor los costes sanitarios reales en función de las necesidades de los beneficiarios.
En educación, el número de habitantes entre 0 y 17 años representará el 17% de la ponderación, a lo que se añaden nuevas variables como la población de entre 18 y 24 años en estudios universitarios o de formación profesional, así como los estudiantes universitarios desplazados desde otras comunidades. Estos factores sumarán un 3,5% adicional, reconociendo el coste que asumen las comunidades receptoras.
En materia de servicios sociales, se tendrá en cuenta la población mayor de 65 años, desglosada entre los tramos de 65 a 79 años y mayores de 80, con una ponderación del 7%. Además, se incorpora como novedad el número de parados sin prestación social, con un peso del 1,5%.
Junto a estas variables, el modelo contempla otros elementos que influyen en el coste de prestación de los servicios, como la superficie territorial de cada comunidad autónoma, que tendrá una ponderación del 1,6%.
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