La Guardia Civil ha intervenido un total de 24.520 vapeadores de origen ilícito, con un valor estimado en el mercado de 312.480 euros, en el marco de dos operaciones contra el contrabando y la distribución ilegal de este tipo de productos. Esta intervención se ha saldado con dos detenidos acusados de contrabando, delitos contra la salud pública y falsedad documental.
Según ha informado la propia Guardia Civil, la primera actuación se inició tras la alerta de la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla, que tuvo conocimiento de un vehículo procedente de Polonia que podría transportar mercancía ilegal. Los agentes interceptaron un camión en la autovía A-4, en cuyo interior localizaron 12.200 cigarrillos electrónicos de contrabando, valorados en 146.400 euros, con destino a una empresa sevillana.
El conductor fue identificado y denunciado por una infracción en materia de contrabando y sanidad, mientras que la mercancía fue intervenida para su posterior destrucción.
Dos detenidos en Carmona con más de 300 kilos de picadura de tabaco
La segunda operación se centró en una empresa de Algeciras sospechosa de distribuir productos irregulares. En un dispositivo de vigilancia, la Guardia Civil interceptó una furgoneta que circulaba por la provincia de Sevilla con destino a dicha localidad. En su interior se hallaron 12.320 vapeadores sin documentación que acreditara su procedencia ni trazabilidad sanitaria, incumpliendo la normativa vigente. El valor estimado del material asciende a 172.480 euros.
Una intervención con dos detenidos
En este caso, los agentes detuvieron a dos personas como presuntas autoras de delitos de contrabando, contra la salud pública, falsedad documental, contra la propiedad industrial y estafa. Los arrestados habrían planeado comercializar los productos a través de tiendas especializadas y plataformas de venta online.
La Guardia Civil subraya que los vapeadores intervenidos carecían de control sanitario y podrían resultar perjudiciales para la salud. Estas actuaciones han sido desarrolladas por la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla, el Grupo de Investigación de la Compañía de Utrera y agentes del Puesto Principal de Los Palacios y Villafranca.
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