El desahucio que se cierne sobre las once familias que viven en una VPO del barrio sevillano de Palmete, en régimen de alquiler con derecho a compra, mantiene en la máxima angustia a los afectados y cuyo plazo inicial de 60 días de demora del lanzamiento expira en estos días.
Ante esta situación, la plataforma ‘Barrios Hartos’, apoyada por sindicatos y más de 25 organizaciones sociales, convocan una nueva manifestación este sábado 14 a las 12.00 horas por el derecho a la vivienda y en solidaridad con las familias de la calle Verdad amenazadas de desahucio, reclamando el derecho a una vivienda digna bajo el lema ‘Su negocio, nuestras vidas’. La manifestación saldrá desde Gran Plaza y finalizará ante la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, en Santa Justa.
Antecedentes
El pasado mes de noviembre, once familias se enfrentaron a la amenaza de un desahucio que movilizó a colectivos sociales y partidos políticos. A pesar de tener contratos de alquiler con opción a compra y no adeudar pagos, la orden de lanzamiento dictada por el Juzgado Número 8 de Sevilla ponía en riesgo que estas familias, con nueve menores a su cargo, fueran desalojadas de sus hogares el 5 de diciembre.
Desde la plataforma ‘Barrios Hartos’, exigieron al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al banco propietario que respetaran sus derechos y encontraran soluciones que evitaran que terminaran en la calle.
A finales de noviembre la entidad bancaria informó a Emvisesa que había solicitado la suspensión del lanzamiento por el plazo máximo legal de 60 días, generando incertidumbre entre los afectados mientras se buscaba una salida habitacional definitiva. El caso llegó incluso al Parlamento andaluz, donde grupos como Por Andalucía lamentaron la “desatención” de las administraciones hacia la situación de estas familias de VPO, y se debatieron propuestas para proteger su derecho a la vivienda.
Mientras, Emvisesa sigue ofertando promociones a precio de mercado, donde los alquileres llamados sociales se sitúan en los mismos niveles que la vivienda denominada libre.
Lucha por el derecho a la vivienda
Los vecinos afectados exigen medidas urgentes ante lo que califican como una “situación insostenible” en materia de vivienda.
Las familias señalan que, mientras los alquileres en la capital ya se sitúan en torno a los 800 euros mensuales, las grandes entidades siguen acaparando miles de viviendas vacías con el objetivo de mantener los precios altos y dedicarlas a actividades turísticas. Esta situación condena a la pobreza a la mayoría de las familias tras hacer frente al pago de sus alquileres y sigue negando a los más jóvenes la posibilidad de desarrollar una perspectiva de emancipación.
Familias desamparadas van a la calle
Como ejemplo de lo que denuncian, exponen el caso de las once familias del barrio de Palmete, cuyas viviendas VPO en alquiler con derecho a compra han sido adjudicadas a un fondo a través del Banco Santander por precios que oscilan entre 30.000 y 50.000 euros, por un valor total de medio millón de euros.
Los vecinos exigen que estas viviendas pasen a formar parte automáticamente del parque público de vivienda y que se respete el derecho de estas familias, con informes de vulnerabilidad y 9 menores a su cargo, a permanecer en sus hogares, rechazando “alternativas” que sólo generan inestabilidad y que el negocio de la banca continúe a costa de familias trabajadoras.
Recuerdan que estas entidades, que pretenden desplazar a las familias de sus casas, fueron las mismas que se rescataron con 65.000 millones de dinero público, que aún no ha sido recuperado.
Asimismo, denuncian que entidades públicas como Emvisesa llevan meses siendo interpeladas por las familias afectadas sin que hayan impedido que el proceso de desahucio de la VPO avanzara hasta llegar a señalar el lanzamiento para el pasado 5 de diciembre. Solo acordaron la prórroga del mismo cuando el caso fue denunciado por las familias y ‘Barrios Hartos’ ante el pleno del Ayuntamiento el pasado 20 de noviembre.
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