Once familias del barrio de Palmete, con nueve menores, se han concentrado este martes en Plaza Nueva para exigir que se paralice el desahucio previsto para el 5 de diciembre. A pesar de llevar más de diez años viviendo en el número 54 de la calle Verdad, con contratos en vigor y sin deudas, afrontan una orden de lanzamiento que entregaría el edificio a la inmobiliaria Altamira, vinculada al Banco Santander. Las familias denuncian que no han sido escuchadas durante el proceso judicial y reclaman mantener sus hogares y su arraigo en el barrio.

Después de un largo proceso judicial, en el que las familias no han sido incluidas como parte afectada mientras sí lo estaba el promotor del edificio, el juez ha dictaminado que la propiedad pase a la inmobiliaria Altamira, gestionada por el Banco Santander. Aunque los vecinos mantienen contratos vigentes de alquiler con opción a compra y no tienen impagos, la entidad bancaria ha pedido que se proceda al lanzamiento sin demoras. El edificio en el cual viven nueve menores a los que está perjudicando está situación.

Desamparados

La plataforma ‘Barrios Hartos’ denuncia que durante todo el litigio no se ha escuchado a las familias ni se han valorado los informes de Servicios Sociales, donde consta que su situación es regular y que han cumplido siempre con los pagos. Tampoco se ha tenido en cuenta la realidad de los menores que viven en este edificio, que además ha sido mantenido en buen estado por sus propios ocupantes.

«Lo único que queremos es luchar por nuestra vivienda y por nuestros derechos», explica Maria de las Nieves, vecina afectada.

Once familias serán desahuciadas de su bloque de viviendas VPO en Palmete a pesar de tener contratos en vigor

Han acudido a todas las instituciones posibles y las respuestas que les han dado, el Ayuntamiento, Emvisesa y Defensor del Pueblo  han sido tratar a estas once familias como simples ‘daños colaterales’, invitándolas a renunciar a sus derechos y a su arraigo en el barrio. Todo ello, sin preguntar si hay personas vulnerables afectadas como son los niños menores o personas de tercera edad.

«En ningún momento hemos dicho que no queremos pagar, solamente queremos que se nos pueda regularizar la situación»

«En ningún momento hemos dicho que no queremos pagar, solamente queremos que se nos pueda regularizar la situación», «no se ha respetado en ningún momento nuestros derechos, al contrario se han vulnerado todos», asegura Lorena, vecina afectada.

Mientras tanto, el proceso de desahucio continúa, pese a que hay vecinos dispuestos a asumir un alquiler justo, acorde con las condiciones sociales de una zona profundamente afectada por la precariedad y el paro que genera el propio sistema.

Los vecinos no se van a rendir, volverán a reunirse el 30 de noviembre en una manifestación solidaria para reclamar sus derechos y denunciar la situación en la que están viviendo sin renunciar a sus hogares como está previsto para el 5 de diciembre.

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