Cerca de tres mil personas, según la organización han acudido a la convocatoria de manifestación organizada por la plataforma Barrios Hartos ‘Por el derecho a la vivienda’ y contra el desahucio de once familias de la calle Verdad, en el barrio de Palmete, de un edificio que originariamente fue de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler y cuya propiedad ha pasado a manos de una entidad financiera.
La marcha comenzó en la Gran Plaza y concluyó delante de la sede de la Consejería de Fomento y Vivienda, en Santa Justa. A la conclusión de la marcha se dio lectura de un manifiesto en el que se afirmaba que «la vivienda ya es hoy la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora».
«Todos los días siguen inflando la burbuja, los mismos que cuando quiebran ponen la mano para que se les rescate con dinero público»
«Todos los días se ejecutan desahucios, burlando las famosas leyes de protección. Todos los días siguen inflando la burbuja, los mismos que cuando quiebran ponen la mano para que se les rescate con dinero público», denuncian en el discurso.
Reunión con la consejería
Los convocantes afirman que «lo que nos pasa a las familias de calle Verdad, está pasando todos los días y la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, tuvo que decir que no sabía nada y que se iba a informar. Lo mismo que Emvisesa. Y también dirá que no sabe nada de las familias de Manilva, de las 192 viviendas de Écija»
A este respecto, la consejería ha convocado una reunión para el lunes 16, a las cinco de la tarde, con las familias de la calle Verdad 54 afectadas por el desahucio. «Por supuesto que queremos que se nos reconozca el maltrato al que estamos sometidas quienes queremos hacer frente a un alquiler ajustado a nuestras condiciones. Pero lo que no queremos es que el banco se quede con el dinero público que pusimos para construir un bloque que es VPO», reclaman las familias.
Propuesta de la oposición
La concejala socialista Natalia Buzón ha participado en esa manifestación y ha recordado que el PSOE ha apoyado la moción presentada en la Comisión de Fiscalización y Control del Gobierno para que Emvisesa adquiera el inmueble y ha reivindicado que «es la única vía para garantizar que esta vivienda de protección oficial siga cumpliendo su función social hasta el año 2043».
La concejal socialista ha recordado que estas 11 familias tienen a su cargo «menores y dependientes» y ha exigido una «solución definitiva» al Ayuntamiento para que los habitantes de estas viviendas puedan seguir manteniendo su alquiler asequible.
Emvisesa
Por su parte, el delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha defendido que el Consistorio «está trabajando desde el minuto uno» ante el desahucio de once familias del edificio de viviendas de protección oficial situado en la calle Verdad 54, en el barrio de Palmete de la capital.
«Se está avanzando en la negociación y estamos hablando con los vecinos que tienen contrato de arrendamiento», ha respondido el delegado a la propuesta del grupo Con Podemos-IU acerca de la situación de los vecinos en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno este viernes.
«Le garantizo que vamos a llegar a una solución», ha reafirmado al mismo tiempo que ha defendido el papel de Emvisesa, quién está llevando las negociaciones con Santander, en un proceso de «ejecución hipotecaría que no tiene nada que ver». «El objetivo es que sigan siendo VPO y en eso está Emvisesa», ha señalado.
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