Los propietarios de parcelas en la zona de El Pontón, en el término municipal de Antequera, están un paso más cerca de lograr la regularización urbanística de sus viviendas y terrenos. Este pasado sábado 7 de marzo celebraron una asamblea general extraordinaria en la que se informó sobre la aprobación inicial del proceso que permitirá avanzar hacia la legalización de este núcleo residencial.
El Pontón está formado por un conjunto de viviendas y terrenos rústicos que suman alrededor de 250 parcelas. Muchos de sus propietarios llevan trabajando desde 2005 para lograr su reconocimiento legal. Ahora, la nueva normativa urbanística impulsada por la Junta de Andalucía, a través de la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), ha facilitado el camino para avanzar en este proceso. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, asegura que la modificación legislativa ha sido clave para desbloquear una situación que llevaba años estancada.
«Hablamos de un núcleo importante, uno de los más grandes de Andalucía. Estamos hablando aproximadamente de unos 700.000 metros cuadrados”, señala el presidente de la Asociación de Vecinos Vega Baja–El Pontón, Jaime Martín, en su entrevista en Onda Cero Antequera.
En cuanto a la población residente, Martín estima que en torno a un centenar de parcelas están habitadas de forma permanente, lo que supondría unas 500 personas viviendo habitualmente en la zona. El siguiente paso corresponde a la Junta de Andalucía, que deberá aprobar definitivamente el plan parcial.
Una vez superado ese trámite, se abrirá una fase compleja de organización del suelo que supone la reparcelación y urbanización. Martín insiste en que se trata de un proceso con una inversión que harán los propietarios y luego cederán al Consistorio. En la asamblea, ya se han fijado los procesos a seguir y el coste aproximado por propietario.
La regularización permitiría que El Pontón cuente con servicios e infraestructuras similares a los de cualquier urbanización del municipio, además de incrementar el valor de las propiedades de los vecinos. Para muchos de ellos, que llevan más de quince años reclamando una solución, este avance supone un paso decisivo hacia la normalización de su situación urbanística.
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