En la noche del pasado viernes, el Polígono del Guadalhorce de Málaga fue testigo de una brutal agresión. Un vehículo, en el que viajaban cuatro individuos, se aproximó a una de las mujeres trans que ejercen la prostitución en la zona para realizarle una serie de proposiciones sexuales. La negativa de la víctima -de 32 años de edad- fue respondida con insultos, golpes y tocamientos sin consentimiento, llegando a ser agarrada por el copiloto y arrastrada a «gran velocidad» por la carretera a lo largo de medio kilómetro.

«Van a por ellas. Casi todas las denuncias que tenemos son de mujeres trans», asegura Arancha Mohand, jefa de servicio del Equipo de Atención a la Mujer (EAM), que subraya que en los últimos seis meses se han registrado un total de quince denuncias de personas del colectivo y es apreciable un incremento de la violencia.

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Tal y como ha podido conocer este medio, la víctima de esta violenta agresión había sufrido graves ataques previamente, la última vez en 2021. En esta ocasión, y según ha confirmado Mohand, los individuos huyeron y la víctima quedó arrojada sobre la carretera, con múltiples heridas por todo el cuerpo: «Tenía sangre en la boca, en los brazos, en las rodillas… Un taxista que estaba operando por la zona la vio y ante la urgencia de su estado la llevó hasta el hospital. Tiene un 40% de su cuerpo afectado», cuenta.

Desde EAM defienden que los hechos suponen un acto criminal de gravedad : «Esto no es un hecho puntual. Lo de arrastrar a una persona con el coche, dejarla tirada y no auxiliarla es un intento de homicidio», denuncian desde la organización, que entiende que el ambiente en la zona es de por sí hostil, y más aún para estas mujeres en situación de vulnerabilidad.

Miedo a denunciar

Más allá de lo inhóspito que resulta el polígono con la caída de la noche, el hecho de que existan mujeres ejerciendo la prostitución es ya un claro síntoma de una situación de vulnerabilidad que, en muchos casos, les impide o pone barreras a la denuncia de todo tipo de abusos.

«Algunas de ellas no tienen papeles, mientras que otras prefieren no denunciar por miedo, porque no hay un autor identificado», lamenta Mohand, que considera que la labor policial puede ser mucho mayor para proteger a estas personas.

Ante la gravedad de los hechos, el EAM de Málaga se ha hecho cargo de la situación y ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado número 5 de Málaga. Además, el caso ha sido puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo para que tome cartas en el asunto y puede intervenir con la mayor celeridad.

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