La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación para cargo o empleo público al exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación directa de las obras de sustitución del alumbrado del paseo marítimo del municipio por un importe cercano al medio millón de euros.
En una resolución dictada a principios de noviembre, el tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por el exregidor y ratificado el fallo del Juzgado de lo Penal, al considerar acreditadas las irregularidades cometidas durante la contratación de estos trabajos. Según la sentencia, las obras se ejecutaron sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia que deben regir la contratación pública.
Los hechos se remontan a la etapa en la que Fernández estuvo al frente del Ayuntamiento de Carboneras, entre octubre de 2007 y junio de 2011. En concreto, la resolución judicial sitúa la actuación investigada en septiembre de 2008, cuando el entonces alcalde aprobó mediante una resolución de Alcaldía la sustitución del alumbrado del paseo marítimo por un importe de 492.182,65 euros.
La actuación se planteó inicialmente para ser ejecutada con medios propios municipales. Sin embargo, los trabajos acabaron siendo suministrados y realizados por dos empresas privadas, sin que se hubiera tramitado un expediente de contratación ni un procedimiento de licitación pública.
Obras por casi medio millón de euros
Según recoge la sentencia, las mercantiles Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL participaron en la ejecución de los trabajos y emitieron facturas por importes de 360.937,23 euros y 134.982,51 euros, respectivamente. Ambas cantidades fueron abonadas con cargo al presupuesto municipal.
El tribunal considera que el exalcalde actuó con conocimiento de que su proceder era contrario al ordenamiento jurídico. La resolución subraya que la contratación se llevó a cabo sin los trámites administrativos exigidos y que se impuso la voluntad del entonces responsable municipal frente a los intereses generales del Ayuntamiento y los derechos de otros posibles licitadores.
Uno de los elementos que ha tenido en cuenta la Justicia es que la decisión inicial de ejecutar las obras con medios municipales no se correspondió con lo que finalmente ocurrió. Los trabajos fueron encargados a empresas externas sin la autorización previa ni los mecanismos de control que exige la normativa de contratación pública.
La devolución de una subvención
Las irregularidades también tuvieron consecuencias económicas para las arcas municipales. La Junta de Andalucía ordenó al Ayuntamiento de Carboneras devolver una subvención de 295.309 euros concedida para esta actuación, además de los intereses correspondientes, debido a la falta de justificación formal de los trabajos. La sentencia considera que esta circunstancia generó un perjuicio económico para el Consistorio, que tuvo que afrontar la devolución de los fondos autonómicos.
Para fundamentar su decisión, la Audiencia Provincial también destaca un informe del secretario municipal que acreditó que no se había tramitado ningún expediente administrativo para la ejecución de las obras. Este documento fue uno de los elementos valorados en el procedimiento judicial.
La Audiencia rechaza el recurso del exalcalde
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación de Cristóbal Fernández al no apreciar errores en la valoración de las pruebas realizada en primera instancia. Los magistrados concluyen que la resolución de Alcaldía de septiembre de 2008 no justificaba la contratación posterior de las empresas privadas al margen de los procedimientos legales. A su juicio, la adjudicación directa permitió eludir los mecanismos de publicidad, transparencia, control y libre concurrencia establecidos en la legislación de contratos públicos.
Con esta resolución, la Audiencia confirma la pena de siete años de inhabilitación para cargo o empleo público impuesta al exalcalde por prevaricación administrativa, en relación con la contratación irregular de las obras del alumbrado del paseo marítimo de Carboneras.




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