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Tras no lograr mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía, PP y Vox, tras unas intensas negociaciones, han alcanzado un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y la entrada del partido liderado por Manuel Gavira en el Gobierno andaluz. El pacto contempla un total de 150 medidas, además del nombramiento de Gavira como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
El acuerdo, dado a conocer este jueves, se recoge en un documento de 60 páginas estructurado en 14 grandes bloques que marcarán la acción del Gobierno de coalición durante los próximos cuatro años. Entre las áreas que aborda destacan la fiscalidad, la inmigración, la energía, la industria y el empleo, la familia, la cultura y el turismo, la vivienda, la movilidad y el transporte, la educación, la justicia, la sanidad, el sector primario, el medio ambiente, la reducción del gasto superfluo y un último apartado dedicado a las denominadas «leyes ideológicas».
Rebajas de 325 millones de euros
Ambos partidos han dado su visto bueno al documento y se han comprometido a desarrollar las 150 medidas recogidas en el acuerdo a lo largo de la legislatura. Uno de los ejes principales del pacto es la política fiscal, que contempla rebajas de impuestos por un importe de 325 millones de euros anuales, lo que supondría un ahorro estimado de 1.300 millones de euros durante los cuatro años de mandato.
Entre las principales medidas destaca una reducción progresiva del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, con una rebaja del 0,25% cada año hasta alcanzar un punto porcentual al final de la legislatura. Además, este acuerdo consta de un amplio paquete de ayudas dirigidas a las familias y al fomento de la natalidad, con deducciones de 500 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.500 euros a partir del tercero.
Endurecimiento de políticas migratorias
En materia de inmigración, el acuerdo entre PP y Vox en Andalucía endurece la política migratoria al plantear la supresión de ayudas y convenios con ONG vinculadas, según el texto, a la inmigración irregular, la revisión de órganos de integración y la negativa a financiar medidas que generen «efecto llamada». También introduce el principio de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas públicas, expresa el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas y prevé pruebas de determinación de edad para inmigrantes en situación irregular.
