El Tribunal Supremo asesta un golpe duro al modelo estatal de control de los pisos turísticos impulsado por el Gobierno al anular el registro único de arrendamientos de corta duración, eje central del Real Decreto aprobado en diciembre de 2024. La sentencia concluye que el Estado carece de competencias para imponer un sistema nacional que se superpone a los registros autonómicos ya existentes.

La resolución, que estima parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana —al que también se sumó Andalucía—, supone un importante revés jurídico y político para el Ejecutivo central en plena crisis de acceso a la vivienda y auge de los alquileres turísticos.

El Supremo sostiene que el Gobierno fue más allá de sus atribuciones constitucionales al diseñar una regulación «exhaustiva» que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo.

Pese a tumbar el registro estatal, el alto tribunal sí avala la creación de la ventanilla única digital y las obligaciones de las plataformas online de compartir datos sobre los alquileres turísticos, al entender que estas medidas encajan dentro de las competencias estatales de coordinación económica y estadística.

La sentencia llega además en un contexto de creciente presión social y europea por el impacto de los pisos turísticos en el precio de la vivienda y la expulsión de residentes de los centros urbanos.

Posicionamiento de la Junta

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, defendió la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir ante los tribunales el registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central por «invadir» competencias autonómicas.

Bernal subrayó que Andalucía está «absolutamente de acuerdo» con la normativa europea sobre alquileres de corta duración, aprobada en abril de 2024, que busca «mejorar la transparencia y el intercambio de información en este mercado».  Sin embargo, el consejero criticó que el Ejecutivo central haya creado un registro estatal «sin contar con las comunidades autónomas», que son quienes ostentan la competencia exclusiva en materia de turismo.

«No solamente debíamos ser oídos por una razón de sentido común, sino que el propio reglamento europeo así lo decía: no establezcan ustedes registros duplicados cuando ya existen en la comunidad autónoma, no hace falta. El Gobierno de España se lo ha saltado a la torera», afirmó Bernal, quien insistió en que la Junta ha seguido todos los cauces legales y administrativos previos antes de presentar el recurso.

Así, señaló que el propio Consejo de Estado ha emitido un dictamen «demoledor» que cuestiona la legalidad del Real Decreto estatal, y recordó que la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por la forma en que se ha regulado este registro, advirtiendo de «la posible duplicidad y exceso de burocracia».

Bernal insistió en que la Junta no se opone a la regulación ni a la lucha contra la oferta ilegal, pero sí a la imposición de un sistema que, según denunció, genera más costes y trámites innecesarios para los administrados y no respeta el reparto competencial. «Estamos profundamente en desacuerdo con esta actuación que ha hecho el Gobierno de España, que además de otros inconvenientes jurídicos, tiene un vicio de inmunidad completo», recalcó.