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El terremoto en torno al PSOE sigue su curso. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido en la mañana de este miércoles en Ferraz por una investigación del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Unas diligencias por el ‘caso Leire’ que conllevan además la imputación de la gerente del Partido Socialista, la malagueña Ana Fuentes, además de Gaspar Zarrías y de Santos Cerdán.
La rondeña Ana María Fuentes fue elegida de forma provisional por Pedro Sánchez en junio de 2025 como una de las secretarias de Organización del PSOE tras el momento crítico cuando se apartó a Santos Cerdán del partido. No obstante, el verano pasado ya se supo que Fuentes como gerente socialista aparecía en el informe de la Guardia Civil que señalaba a Santos Cerdán como origen de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, en relación al denominado «impuesto».
El nombre de la gerente malagueña Ana Fuentes constaba tres veces en el trabajo de la UCO, que señalaba que en 2022 «desde la Gerencia del PSOE se le pidió» al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, que «realizase algún tipo de aportación económica».
La UCO entra en Ferraz
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado ‘caso Leire’, en el que el juez Santiago Pedraz también ha ordenado a los agentes que se personen en el domicilio del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta ‘fontanera’ vinculada al PSOE, y también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.
El juez ha ordenado, en el marco de estas pesquisas, que los agentes se personen igualmente en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del exdirigente socialista en Andalucía Gaspar Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, entre otros.
Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, declaró en el marco de la investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagar 4.000 euros mensuales durante cuatro meses a la exmilitantes socialista.
El pasado 8 de mayo, el juez Pedraz prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, según confirmó Europa Press de fuentes jurídicas.
Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán.
La UCO rastrea comisiones
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Los tres habrían formado parte de un grupo llamado ‘Hirurok’ dirigido a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública», según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.
Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», según la investigación.
En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones «y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas» y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.
