La cadena hotelera BlueBay, a través de la empresa Management Empresarial, ha presentado un escrito de acusación contra el expresidente del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, y sus hijos que contrasta notablemente con las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal. Mientras que la Fiscalía solicita 14 años de prisión para el jeque catarí, la empresa hotelera reduce esta petición a tan solo 4 años de cárcel.
La diferencia se extiende también a los exdirectivos del club malagueño. BlueBay no solicita penas de prisión para los antiguos dirigentes, en contraposición a los 10 años que reclama la acusación pública para estos responsables. BlueBay, propietaria del 49% de NAS Spain -empresa mayoritaria del Málaga CF a través de Management Empresarial-, plantea una calificación jurídica diferente de los hechos.
La hotelera considera que los acontecimientos constituyen «un delito continuado de apropiación indebida y un delito de imposición de acuerdos abusivos», descartando la administración desleal que sí incluyen otras acusaciones. «Lo que ha habido es una apropiación de fondos del Málaga», argumenta la empresa en su escrito, justificando así su enfoque distinto del caso.
Orden de detención
No obstante, BlueBay pretende dar un paso más y solicita una orden europea de detención contra Al-Thani y sus hijos (Nasser, Rakan y Nayef). Esta medida busca agilizar las notificaciones procesales, un aspecto que ha ralentizado el procedimiento durante años y que resulta fundamental para que el caso pueda avanzar hacia la fase de juicio oral.
En una decisión que marca distancias con el resto de acusaciones, BlueBay solicita el sobreseimiento provisional para los cinco exdirectivos implicados: Moayad Shatat, Vicente Casado, Manolo Novo, Joaquín Jofre y Roberto Cano. La hotelera considera que estos dirigentes no deben enfrentar acusación alguna. Paralelamente, la empresa reclama que «se dirija el procedimiento contra NAS Football en calidad de responsable civil subsidiaria».
Ayuntamiento y pequeños accionistas se adhieren a la Fiscalía
El resto de entidades personadas en la causa, incluyendo el Ayuntamiento de Málaga y la alianza formada por los pequeños accionistas APA y Por un nuevo Málaga, han optado por adherirse a las peticiones presentadas por la Fiscalía, manteniendo así la línea de máxima dureza procesal contra los imputados. Es decir, 14 años de cárcel para los Al-Thani y 10 para los exdirectivos por supuestamente «expoliar» más de 10 millones de euros del Málaga.
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