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Málaga

Citan en abril como investigado al gerente de Smassa por el caso del parking de Pío Baroja

Defensa apela a presunción de inocencia y dice que la denuncia «está plagada de conjeturas, especulaciones y alguna afirmación falsa»

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha citado para declarar como investigado el próximo mes de abril al gerente de la sociedad municipal de aparcamientos de Málaga (Smassa) por el caso abierto tras la denuncia de la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad por supuesto acoso e irregularidades en las obras del parking de Pío Baroja.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que será el mismo día, el 19 de dicho mes de abril, el que comparecerá además del gerente, Manuel Díaz; la denunciante, Trinidad Rodríguez, y testigos, entre ellos el concejal de Movilidad, José del Río.

Dicho juzgado abrió esta causa a raíz de dicha denuncia, ya que la magistrada consideró que las actuaciones realizadas «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Además, la Fiscalía remitió al juzgado lo actuado en las diligencias de investigación iniciadas tras las denuncias de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos.

Desde la defensa de Manuel Díaz, que dirige el letrado José Carlos Aguilera, han indicado que el juzgado ha abierto una causa «para investigar si los hechos son ciertos»; una investigación judicial que «nos va a permitir averiguar cuáles han sido las supuestas irregularidades, las infracciones y, cómo no, las líneas rojas que no se podían cruzar, de haberlas habido», ha dicho.

«La denuncia está plagada de conjeturas, especulaciones, y alguna que otra afirmación falsa», ha señalado el abogado, quien ha precisado que «hasta ahora no se conocen cuáles son las líneas rojas que la denunciante dice que se negó a cruzar porque de haberlo hecho hubiera ido a la cárcel».

Así, Aguilera ha incidido en que «para eso se ha abierto la causa: para esclarecer unos hechos», apuntando que la Constitución «reconoce y ampara el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la presunción de inocencia».

También ha recordado que para el Tribunal Constitucional «la presunción de inocencia constituye no solo un derecho fundamental, sino también una regla de tratamiento, en virtud de la cual el investigado tiene el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo».

El letrado ha dicho que hay datos «muy relevantes de los que la denunciante no habla», en primer lugar que el Consejo de Administración de Smassa del 21 de mayo de 2021 adjudicó el contrato de las obras de construcción del aparcamiento de Pío Baroja «con base en la puntuación dada por la denunciante a las propuestas de las cuatro empresas que se presentaron a la licitación».

En segundo lugar, ha apuntado a las certificaciones de obra, de las ejecutadas cada mes, de sus precios y del importe, «todas firmadas por cinco técnicos: tres de Smassa, entre ellos, la denunciante, y por dos técnicos externos más contratados por la sociedad».

En la denuncia, consultada por Europa Press, se indica que los hechos consisten principalmente «en graves actos hostiles y humillantes que de manera reiterada ha realizado el denunciado hacia la denunciante», en la mayoría de los casos en relación con la obra del citado aparcamiento, aunque no habría sido la única.

En dicho escrito, la denunciante señalaba que por razones que desconoce «desde el inicio de la promoción de aparcamientos sitos en la calle Pío Baroja fui presionada», indicando que supuestamente se le «insistía en la necesidad que la empresa referida debía ganar» la licitación, aunque ella ya había puesto en evidencia que «era la peor propuesta en cuanto a organización» de la obra.

Además, informó de que «la oferta económica recibida de la UTE parecía demasiado reducida» y alude a retrasos en las actuaciones y a supuestos incrementos de precios, apuntando que, «sorprendentemente», en esa obra la forma de actuar era, al parecer, «al revés», ya que «a priori se acepta por la dirección, gerente y/o el concejal cualquier modificado, intentando luego buscar una justificación técnica y jurídica a una propuesta de reclamación económica de la UTE».

La situación generada llevó a la denunciante a activar el protocolo interno en Smassa contra el acoso, tras lo que se le comunicó «la modificación sustancial de las condiciones de trabajo hacia la misma tanto como una forma de represaliarla como de evitar testigos incómodos para el denunciado ante la actitud de la compareciente de no tolerar graves irregularidades».

Dichas supuestas «irregularidades» podrían implicar, presuntamente, «la comisión de ilícitos penales con graves perjuicios tanto para la Smassa como para la propia denunciante, si hubiera aceptado participar en dichos actos». Esto fue denunciado públicamente por la perjudicada en un pleno del Ayuntamiento de octubre del pasado año.

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