El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según el auto, el procesamiento se basa principalmente en la supuesta filtración de un correo electrónico en el que González Amador se ofrecía a reconocer delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo. El magistrado considera que este contenido, sujeto a criterios de «reserva y confidencialidad», fue facilitado a la ‘Cadena SER’.
La decisión llega ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación en octubre de 2024. Inicialmente, el caso se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investigaba una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024. En ella se detallaba un intercambio de correos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo del caso, Julián Salto. Al trasladarse la causa al Supremo, el alto tribunal abrió diligencias por presunta revelación de secretos, aunque descartó que la nota de prensa tuviera relevancia delictiva.
Posteriormente, la investigación se amplió para volver a examinar el comunicado de prensa, las supuestas filtraciones de diligencias fiscales y el correo electrónico del 2 de febrero de 2024. El magistrado sostiene que la filtración de este correo «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano» y que su divulgación podría haber perjudicado la reputación del afectado. Asimismo, señala que esta actuación podría haber comprometido los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la función del Ministerio Fiscal.
El instructor también indica que, desde la Fiscalía General del Estado y antes de que el correo tuviera difusión pública, se habría enviado una copia a la entonces asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, quien a su vez habría instruido al portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid para que lo utilizase en una intervención parlamentaria.
Entre los indicios recogidos en el auto, Hurtado menciona el borrado de información de los dispositivos móviles y la cuenta personal de Gmail de García Ortiz, lo que, según el juez, ha dificultado parte de la investigación.
El magistrado también responde a los argumentos de las defensas, que pedían el archivo del caso al considerar que tanto González Amador como su abogado habían reconocido conocer las negociaciones. Hurtado sostiene que el concepto de «secreto» está vinculado a la intimidad personal, que goza de protección constitucional, y que la revelación sin consentimiento de la información contenida en el correo vulneraría este derecho.
El auto concluye que la confidencialidad de dicho correo se quebró únicamente cuando su contenido fue filtrado por terceros sin autorización.