La historia de la democracia española tiene una fecha decisiva: el 18 de noviembre de 1976. Aquel día, hace exactamente medio siglo, las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, una norma que supuso el principio del fin institucional del franquismo y abrió el camino hacia un sistema democrático. Fue una operación política de enorme trascendencia: utilizar las propias instituciones de la dictadura para poner en marcha su desaparición.
España llevaba entonces un año sin Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos I había sido proclamado rey y el país se encontraba ante una encrucijada histórica. La continuidad del régimen convivía con una sociedad que reclamaba libertades, partidos políticos, sindicatos y elecciones libres. La incertidumbre era enorme y el riesgo de involución, también.
Una reforma desde dentro del franquismo
El principal impulsor de aquella operación fue el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que había llegado al cargo en julio de 1976. Su estrategia consistía en conducir el cambio político sin provocar una ruptura traumática ni dejar el proceso en manos de los sectores más inmovilistas del régimen.
La ley, defendida por el Gobierno y elaborada bajo el impulso del ministro de Justicia, Landelino Lavilla, establecía las bases para un sistema de representación política elegido por sufragio universal. Su aprobación exigía convencer a unas Cortes integradas por procuradores del franquismo de que votaran a favor de su propia transformación.
Y ocurrió. El 18 de noviembre, 425 procuradores votaron a favor, 59 en contra y 13 se abstuvieron. El resultado quedó resumido en una paradoja histórica: las instituciones de la dictadura habían aprobado el mecanismo que permitiría acabar con ellas.
El pueblo tuvo la última palabra
La aprobación parlamentaria no fue el último paso. El Gobierno sometió el proyecto a referéndum el 15 de diciembre de 1976. La ciudadanía lo respaldó ampliamente, con una participación del 77,6 % y un 97,36 % de votos favorables. La consulta otorgó legitimidad popular a una transformación que hasta entonces se había negociado fundamentalmente dentro de las estructuras del poder.
El 4 de enero de 1977, Juan Carlos I sancionó la Ley 1/1977, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. Su contenido establecía dos cámaras legislativas, Congreso y Senado, y reconocía el sufragio universal, directo y secreto para elegir a los diputados. Era el andamiaje jurídico que necesitaba la nueva democracia.
El camino hacia las urnas
La reforma permitió avanzar hacia la legalización de los partidos políticos, la convocatoria electoral y la construcción de un nuevo Parlamento. El 15 de junio de 1977, España celebró sus primeras elecciones generales democráticas desde febrero de 1936. La victoria de la Unión de Centro Democrático (UCD), encabezada por Suárez, dio paso a unas Cortes que asumirían la elaboración de la futura Constitución de 1978.
Cincuenta años después, aquella ley sigue siendo uno de los episodios fundamentales para entender la Transición. Su importancia no reside únicamente en su contenido jurídico, sino en la compleja operación política que hizo posible: conseguir que quienes habían formado parte del régimen aceptaran las reglas que permitirían sustituirlo.
La Transición no fue un camino sencillo ni estuvo exenta de tensiones, violencia y resistencias. Pero aquel 18 de noviembre de 1976 quedó grabado como el día en que las Cortes franquistas votaron a favor de abrir una puerta que ya no volvería a cerrarse.




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