Los juzgados mantendrán su ritmo durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque los magistrados suelen evitar decisiones de gran impacto mientras se pide el voto, una costumbre no escrita en la justicia española, el calendario de las próximas dos semanas incluye declaraciones en varias de las investigaciones con más eco político del país.
Para Andalucía, la comunidad que más diputados reparte en el Congreso, 61 diputados, este cruce entre tribunales y campaña tiene peso propio. Además, una de las causas, la de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, afecta a un territorio situado a pocas millas de la costa gaditana.
17 de noviembre: Zaldívar, ante el juez del ‘caso Koldo’
El arranque corresponde a Ignacio Zaldívar, antiguo responsable de Adif. Comparece hoy como investigado en el llamado ‘caso Koldo’. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye un posible delito de tráfico de influencias por su presunta intervención en la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en la empresa pública Tragsatec. La comparecencia la pidió el propio Zaldívar al instructor, Ismael Moreno, con el objetivo declarado de aclarar y matizar su versión de los hechos.
18 de noviembre: Ceuta, en el foco
Al día siguiente declara Miguel Ángel Pérez Triano, que fue delegado del Gobierno en Ceuta. Es el primer investigado en la causa que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón sobre la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales del pasado julio. Lo ocurrido en la frontera ceutí se sigue con especial atención en el Campo de Gibraltar y en el resto de la provincia de Cádiz, por su cercanía geográfica y sus vínculos con la ciudad autónoma.
19 de noviembre: el rescate de Plus Ultra
El 19 será el turno del ‘caso Plus Ultra’. Testificarán José Ángel Partearroyo, antiguo director de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, ex director financiero de la aerolínea. Lo harán ante el juez José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una red de tráfico de influencias. Según esa hipótesis, la red se habría beneficiado económicamente de su supuesta mediación en la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió la compañía durante la pandemia.
23 y 24 de noviembre: Air Europa y el ‘caso Leire Díez’
En los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, se investigan posibles irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros concedido a Air Europa en noviembre de 2020. El 23 declararán como testigos, entre otros, Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado de Economía y hoy presidenta de Patrimonio Nacional, y Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda.
El 24 llegarán los nombres más conocidos de esta causa: la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el antiguo portavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón. También están citados Partearroyo y Manuel de la Rocha, actual director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno.
Ese mismo día, en la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz tomará declaración como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, dentro del ‘caso Leire Díez’. Su citación se produce después de que el Registro Civil Central enviara al juzgado documentos sobre posibles irregularidades en el expediente con el que este antiguo cargo del chavismo obtuvo la nacionalidad española. Lo hizo a través de la conocida como ‘ley de nietos’, incluida en la Ley de Memoria Democrática para descendientes de exiliados.
La causa analiza una supuesta trama para influir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a familiares de Pedro Sánchez. Presuntamente la habría encabezado el exdirigente socialista Santos Cerdán, con la coordinación de la exmilitante Leire Díez.
El Supremo y el voto exterior
En paralelo, el Tribunal Supremo sigue estudiando el impacto electoral de la ‘ley de nietos’. El asunto también interesa en Andalucía, tierra de origen de muchos exiliados. El alto tribunal mantiene suspendido el voto de los nacionalizados por esta vía que residen fuera de España y no han acreditado ser descendientes de exiliados, una medida adoptada el 10 de septiembre y confirmada en octubre y noviembre.
En cambio, ha rechazado extender esa suspensión a sus hijos, 189.678 electores. Alega razones de seguridad jurídica y estabilidad electoral, ya que la petición llegó con más de medio periodo electoral consumido y a pocos días de que empezara el voto en los consulados. Aun así, el tribunal subraya las posibles irregularidades con las que sus progenitores habrían accedido al censo de residentes ausentes.




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