La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en un informe del ‘caso Leire Díez’ que la exmilitante socialista habría mantenido contactos y reuniones con la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, con el objetivo de promover actuaciones internas contra agentes investigadores. En concreto, el informe menciona al menos tres encuentros celebrados entre ese mes y abril de 2025.

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Contactos con la cúpula de la Guardia Civil

La UCO sostiene que, a partir de estos contactos, Díez habría instado a la apertura de actuaciones administrativas dirigidas contra miembros del propio cuerpo, en particular de la unidad que investiga determinados procedimientos judiciales. Los agentes describen esta actividad como un intento de influir en el funcionamiento interno del Instituto Armado.

El informe también recoge mensajes y declaraciones atribuidas a la exmilitante en los que afirmaría tener acceso a altos niveles de responsabilidad tanto en el Gobierno como en el partido, así como su intención de trasladar información relacionada con distintas causas judiciales. Los investigadores señalan que este comportamiento formaría parte de un conjunto de actuaciones bajo análisis judicial.

También se habló de causas como el ‹caso Koldo›

Los investigadores también recogen que en esos encuentros se habrían mencionado causas judiciales como el caso de los hidrocarburos o el conocido como ‘caso Koldo’, además de referencias a otros procedimientos de relevancia mediática. En ese contexto, la UCO apunta que el objetivo de las conversaciones sería obtener información sensible sobre unidades concretas del cuerpo.

Otro de los aspectos incluidos en el informe es la supuesta intención de promover una reorganización interna dentro de la Guardia Civil. Según el atestado, se habrían planteado propuestas para impulsar investigaciones internas y cambios en la estructura de mandos, con especial incidencia en la UCO y en algunos de sus responsables.

Mensajes y reuniones bajo investigación

La UCO concluye en su informe que las actuaciones analizadas podrían encuadrarse en una estrategia dirigida a influir en procedimientos judiciales y en el funcionamiento interno de la Guardia Civil, con especial atención a la labor de la UCO en distintas investigaciones. La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional, que deberá determinar el alcance jurídico de los hechos descritos en el atestado policial.