La investigación sobre el supuesto fraude en el acceso a la Policía Local de Granada podría ir bastante más allá de los exámenes escritos. La UDEF, unidad de la Policía Nacional, ha advertido a la jueza que dirige el caso de que la manipulación también habría alcanzado las pruebas físicas, y le pide que no deje fuera ninguna fase del proceso selectivo.
Así consta en uno de los informes más recientes que los investigadores han hecho llegar al juzgado, un documento al que ha accedido Europa Press. Los agentes ven señales de irregularidades en las pruebas de forma física de varios candidatos, un terreno que hasta ahora había quedado al margen de las pesquisas, centradas en las pruebas teóricas y psicotécnicas.
Qué se investiga
El caso, que se tramita en la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, suma ya alrededor de 40 personas investigadas. Entre ellas figuran mandos del cuerpo municipal, presidentes y vocales de tribunales de oposición, representantes sindicales policiales y otros empleados públicos. Los delitos que se analizan son tráfico de influencias y fraude.
Por ahora, el foco está puesto en cuatro procesos de selección, todos en la provincia de Granada. Dos los convocó el Ayuntamiento de la capital, en 2019 y 2022, con 40 y 32 puestos respectivamente. Los otros dos corresponden a los municipios de Algarinejo y Albolote.
Según la investigación, quienes habrían salido beneficiados son, en buena parte, hijos, parientes y personas cercanas a responsables y agentes del cuerpo municipal que también están bajo sospecha en este procedimiento.
La UDEF cree que el supuesto amaño pudo darse en cualquier fase de las oposiciones, también en las pruebas físicas, y pide ampliar la investigación
Mensajes entre mandos
La sospecha sobre las pruebas físicas nace de conversaciones interceptadas entre responsables policiales donde se habla sin rodeos de irregularidades. En uno de esos intercambios, uno de ellos comenta que un aspirante «no hizo ni las dominadas». La réplica de su interlocutor es que «son demasiado descarados», porque «si lleva dos días de academia va a saltar a la vista que lleva un enchufe como un demonio».
Para los investigadores, estos mensajes indican que las supuestas maniobras destinadas a garantizar un puesto a hijos o personas del entorno de la cúpula policial no se habrían limitado a una sola etapa. Por eso consideran que el trabajo judicial no debe quedarse en los dos primeros ejercicios del proceso.
De un 3,25 a un 7,80
El informe describe además con detalle cómo se habría alterado el examen práctico de un aspirante en la convocatoria de 2022, la de 32 puestos en la capital granadina. De acuerdo con los agentes, en su cuadernillo se añadió una hoja escrita a mano que se habría elaborado después del día oficial de la prueba.
Ese folio, siempre según la UDEF, copiaba exactamente las pautas de corrección que manejaba el tribunal. Los investigadores sostienen también que los examinadores puntuaron respuestas que el opositor no llegó a escribir.
El resultado es que una nota real de 3,25 habría acabado convertida en un 7,80. Esa calificación le permitió conseguir el puesto fijo como funcionario que ocupa hoy.
Un opositor con una nota real de 3,25 habría obtenido un 7,80 gracias a una hoja añadida a su examen después de la fecha oficial
Bloques según quién gobierne
Tras revisar los dispositivos intervenidos y las grabaciones de audio aportadas a la causa, la Policía Nacional da por probado que existían «grupos» bien definidos ligados al «equipo de gobierno de turno», fuera de izquierdas o de derechas. Según su análisis, estos bloques habrían recurrido a las mismas prácticas tanto en el ingreso de nuevos agentes como en los ascensos internos.
La Policía Nacional da por probada la existencia de grupos vinculados al gobierno municipal de cada momento que repetían las mismas prácticas
El frente judicial
Mientras tanto, el caso también avanza en los juzgados. La defensa del psicólogo investigado ha recurrido en reforma la decisión de enviar a los juzgados de San Fernando, en Cádiz, información sobre un posible «hallazgo casual» surgido al analizar el contenido de su móvil.
Su abogado pide que se anule esa resolución. Argumenta que la Policía Judicial llevó a cabo una búsqueda prospectiva que fue más allá del objeto y del periodo de tiempo que había autorizado el juzgado, con lo que se habrían vulnerado los derechos fundamentales de su cliente.
La jueza instructora, Susana Álvarez Civantos, ha incorporado el escrito a la causa mediante una providencia. En ella recuerda que la jurisprudencia permite ampliar el objeto de una investigación cuando, durante las pesquisas, aparecen nuevos indicios.
Todos los investigados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.




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