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El diputado provincial de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla, ha informado este lunes de la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Atarfe con el extinto consorcio provincial de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), tras una sentencia que le da la razón a la Diputación. La deuda tiene un importe de unos 1,9 millones de euros.
Mancilla ha recordado en una comparecencia que en el año 2017 se ganó también una sentencia en esta misma línea y ha aludido a un acuerdo firmado entonces por la Diputación de Granada para el pago de la deuda. «Se pagó en torno a alrededor de un millón de euros con el antiguo alcalde», ha dicho en referencia a Francisco Rodríguez Quesada, de Por Atarfe Sí.
«Fue una vez llegado el PSOE al gobierno del Ayuntamiento de Atarfe cuando se dejó de pagar», ha dicho Mancilla, que ha recordado también que originalmente la deuda era de en torno a los tres millones de euros.
Insta a Atarfe a cumplir y liquidar la deuda
El diputado ha instado al Ayuntamiento de Atarfe a «que cumpla con sus obligaciones como cumplieron o han cumplido todos los ayuntamientos de la provincia» con el fin de que puedan «liquidar esa deuda que hay con la empresa concesionaria y también poder liquidar el consorcio que a día de hoy sigue abierto».
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Atarfe recurrirá la sentencia de la deuda con Resur
El Ayuntamiento de Atarfe ha anunciado que presentará recurso contra la última sentencia acerca de la deuda por importe de unos 1,9 millones de euros que mantiene el municipio con el extinto Resur y ha lamentado el «ataque institucional» que considera ha realizado la Diputación de Granada, gobernada por el PP, emplazando al consistorio al pago al hilo de esta resolución judicial.
El Consistorio de Atarfe ha mostrado su «absoluto desacuerdo con esta nueva sentencia, no tanto por su contenido económico, sino porque se trata de un asunto ya juzgado, con una deuda reconocida y un mecanismo de pago previamente acordado y ejecutado parcialmente».
Por esta razón, el Ayuntamiento interpondrá los recursos judiciales correspondientes para «defender los intereses públicos del municipio» a la par que ha considerado «inaceptable e inaudito que una institución como la Diputación de Granada, que tiene como función fundamental asistir y proteger a todos los municipios de la provincia, utilice su posición institucional para lanzar un ataque político sin precedentes contra un ayuntamiento democrático».
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