Varias decenas de personas han ocupado un edificio cercano a Gran Vía, en Granada capital, y han desplegado desde los balcones telas blancas en las que pueden leerse mensajes contra el desalojo del inmueble y en los que reclaman un «centro social para el barrio».

Fuera del edificio se encuentra personal de una empresa de desalojos y entre 60 y 70 personas se han concentrado en el entorno del inmueble, según han detallado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ha desplazado varias unidades a la zona, en la calle Azacayas, y sus agentes ha intervenido al registrarse momentos de tensión, sin que hasta el momento haya trascendido si se han producido detenciones.

Adelante Andalucía Granada ha denunciado por su parte en un comunicado que una veintena de miembros de la empresa AMA desokupa ha intentado desalojar, «sin orden judicial», el edificio, que lleva varios años sin uso y es la antigua sede de la Consejería de Presidencia de Igualdad de la Junta.

Acusan a la empresa AMA desokupa de estar generando momentos de tensión al enfrentarse a los activistas, lo que ha provocado que interviniera la Policía Nacional.

El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Nèstor Salvador, ha planteado que «es responsabilidad del Gobierno» central acabar con estas empresas de desalojo.

Precisan que «con una modificación de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal se podría ilegalizar a las empresas de desocupación con multas de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años previstos para quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica».