La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC-, Cani Fernández, afirmó este martes en el Congreso que durante el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 no existió en ningún momento un “vacío normativo”. Según explicó, el sistema contaba con mecanismos regulatorios y técnicos “suficientes” para controlar la tensión y garantizar su correcta gestión.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Fernández subrayó que el marco regulatorio vigente era conocido tanto por los agentes del sistema como por el operador, y tenía carácter obligatorio. En este sentido, insistió en que el incidente no puede atribuirse a la ausencia de normas.
Un procedimiento vigente
Uno de los puntos clave abordados fue el Procedimiento de Operación 7.4, que regula el control de tensión en la red de transporte eléctrico en España. Aunque este mecanismo no se actualizó hasta un mes después del apagón, la presidenta de la CNMC recalcó que existía una normativa plenamente aplicable en el momento del incidente.
La CNMC aprueba cambios urgentes en el sistema eléctrico para prevenir nuevos apagones
Fernández explicó que la CNMC llevaba trabajando en la modificación de este procedimiento desde años antes, con un primer contacto con Red Eléctrica de España en 2020. Este proceso, indicó, forma parte de la adaptación continua de la regulación a un mercado energético en constante evolución.
“El mercado energético actual no se parece al de hace cinco años, ni siquiera al de hace dos”, señaló, defendiendo la necesidad de actualizar las normas con rigor, consultas públicas y mecanismos como proyectos piloto o entornos de pruebas regulatorias.
Un apagón de origen “multifactorial”
En cuanto a las causas del apagón, la presidenta de la CNMC apuntó a un origen “multifactorial”. Según detalló, el incidente fue el resultado de una cadena de eventos que desequilibraron progresivamente el sistema hasta provocar un “cero eléctrico” por sobretensión.
A raíz de este episodio, el organismo abrió varios expedientes informativos para analizar lo ocurrido desde la perspectiva de la normativa eléctrica. Estas investigaciones han detectado indicios de posibles incumplimientos que habrían afectado al funcionamiento del sistema.
Como consecuencia, la CNMC ha incoado expedientes sancionadores tanto a empresas eléctricas como al propio operador del sistema.
Investigación compleja y fase de instrucción en marcha
Fernández destacó la magnitud del análisis realizado, que ha implicado el estudio de más de 13 gigabytes de información y miles de documentos. La complejidad técnica del caso ha requerido también la colaboración con expertos europeos, en el marco del panel de ENTSO-E.
El proceso entra ahora en una fase administrativa de instrucción, en la que las partes implicadas podrán presentar alegaciones y solicitar pruebas. La presidenta de la CNMC evitó ofrecer más detalles debido a la separación legal entre la fase de investigación y la de resolución.
Garantías del sistema, según la CNMC
Como conclusión, Fernández reiteró que el sistema eléctrico español dispone en todo momento de herramientas suficientes para su correcta gestión. La función del regulador, insistió, es seguir adaptando el marco normativo a los cambios del sector sin comprometer las garantías del sistema.