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11/08/2022
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Andalucía

La Mesa Social del Agua presenta un decálogo de medidas para una «transición hídrica justa» en Andalucía

Las entidades sociales que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, entre las que se encuentra la Federación de Consumidores y Usuarios (Facua), han elaborado y presentado un documento con medidas para que se ponga en marcha una «transición hídrica justa, ecológica y social» en Andalucía con carácter de «urgencia».

Así, señalan que la emergencia climática y la crisis de seguridad hídrica requieren un «debate de calado» en Andalucía sobre el modelo de gestión del agua. «Cualquier gobierno resultante de las próximas elecciones andaluzas tiene en la gestión hídrica uno de los mayores retos colectivos y las organizaciones que componen la Mesa Social del Agua de Andalucía –CCOO Andalucía, COAG, UPA, Aeopas, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA– vuelven a reiterar esta idea con la presentación de un decálogo de medidas, señala Facua en un comunicado.

Se trata de una serie de propuestas vinculadas al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la prevención del deterioro y la recuperación del buen estado ecológico de los recursos hídricos, garantizar el equilibrio entre demandas y consumos, asumir los límites actuales, redoblar esfuerzos en las estrategias de gestión de la demanda, una transición hídrica justa y sostenible en términos ambientales y sociales, un correcto diagnóstico del abastecimiento urbano y garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos, incluir criterios de cohesión y justicia territorial, repensar el papel y la dimensión del regadío y el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones.

En el decálogo elaborado por la Mesa Social del Agua se considera imprescindible construir un Pacto Social del Agua que asuma y promueva un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada; al igual que debe prevalecer, como eje central de las políticas del Ciclo Integral del agua, el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos, «con el desarrollo de un proceso de pedagogía social efectiva que faciliten los consensos que requiere afrontar los impactos de la crisis climática y los retos de una transición hidrológica ambiental y socialmente justa».

Entre esas medidas destaca la necesidad de que las políticas del agua deben basarse en los objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua (DMA) y en la planificación hidrológica, que actualmente se materializa en los planes hidrológicos del tercer ciclo (2021-2027) en proceso de aprobación a lo largo de este mismo año, así como el hecho de considerar como un objetivo «inaplazable» la prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas, «en consonancia con la DMA».

La Mesa Social también exige «redoblar los esfuerzos» en las estrategias de gestión de la demanda y «obligan a reorientar la política del agua de Andalucía hacia un nuevo modelo de aprovechamiento del recurso». Además, es «fundamental» realizar un diagnóstico del abastecimiento urbano en su conjunto- «Para ello se hace necesario fomentar la gobernanza en la gestión del agua y la creación de un Observatorio de ese ciclo urbano».

«Es prioritario abrir un debate sobre las inversiones que se requieren para reducir las pérdidas en las redes, aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía», señela también el decálogo. En este sentido, las nuevas depuradoras o la implantación del sistema terciario «deben incorporar los principios de la economía circular, así como implantar redes separativas de las aguas fecales y pluviales».

La plataforma también apuesta por un Pacto Social del Agua que «asuma y promueva» un modelo de participación «activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada», en el que puedan intervenir todos los actores socioeconómicos y ciudadanos en igualdad de condiciones y donde la protección del recurso sea la base de una nueva política de aguas

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