Las familias de David Rodríguez y Javier Marañón, dos trabajadores españoles encarcelados desde hace más de nueve meses en Guinea Ecuatorial, han lanzado una campaña de recogida de firmas a través de Change.org para presionar al Gobierno de España a que interceda directamente ante las autoridades guineanas. Ambos permanecen recluidos sin cargos ni juicio en la temida prisión de Black Beach, una de las más peligrosas de África.
Todo comenzó el 22 de enero de 2024, cuando los directivos de Wayang Technical, la empresa española de telecomunicaciones para la que trabajaban, fueron convocados por el Gobierno guineano para una reunión sobre el proyecto de implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Sin embargo, los directivos no se presentaron y enviaron en su lugar a Javier Marañón, administrativo cordobés, y David Rodríguez, técnico de vídeo granadino.
David Rodríguez y Javier Marañón llevan más de nueve meses encarcelados sin cargos en la prisión de Black Beach, en condiciones que sus allegados califican de «inhumanas»
«En el encuentro les pidieron explicaciones sobre temas económicos y de gestión que ellos no podían dar porque no tenían ningún cargo ni responsabilidad», explica Aída Marañón, hermana de Javier, en declaraciones a 101TV. Ambos trabajadores fueron detenidos inmediatamente tras la reunión.
El calvario de los dos andaluces presos en Guinea: «Necesitamos que el Gobierno español actúe ya»
Pasaron casi tres meses recluidos en una gendarmería antes de ser trasladados a la prisión de Black Beach. Durante los primeros meses pudieron recibir visitas de familiares y de la Embajada española, pero la situación cambió drásticamente hace cuatro meses, cuando las autoridades guineanas prohibieron todo tipo de contacto.
Incomunicados y sin asistencia médica
«Están incomunicados desde hace cuatro meses. No sabemos cómo están. Solo sabemos que siguen vivos», lamenta Aída Marañón. Según el comunicado oficial de las familias, ambos trabajadores se encuentran «en aislamiento total, sin visitas, sin atención médica, sin acceso a comida adecuada».
El estado de salud de Javier Marañón es especialmente preocupante. Ha perdido más de 20 kilos y ha protagonizado tres huelgas de hambre. «Lo ingresaron en la enfermería y le pusieron suero, porque estaba muy débil», relata su hermana. David Rodríguez también se encuentra gravemente enfermo, según denuncian las familias.
A día de hoy, no existe ninguna acusación formal ni cargo judicial por escrito contra los dos trabajadores. «Ni siquiera están contratados por la empresa que está siendo investigada. No hay caso, no hay pruebas, no hay nada», denuncia Aída Marañón.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución urgente exigiendo la liberación de los dos españoles y denunciando la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, las familias consideran que la presión internacional no es suficiente y reclaman una actuación directa del Gobierno español.
«El Gobierno no actúa»
«El Gobierno Español y el Ministerio de Exteriores siguen sin actuar, lo dejan todo en manos de la Embajada que no tiene poder ninguno en Guinea», denuncia el comunicado oficial de las familias. Aída Marañón es aún más explícita: «Necesitamos que el Gobierno español actúe, pero que actúe ya. Que utilice sus armas diplomáticas y hable directamente con el Gobierno guineano».
Las familias han agotado todas las vías institucionales: Ministerio de Asuntos Exteriores, Junta de Andalucía, Defensor del Pueblo, Casa Real, ONG, Naciones Unidas y eurodiputados de distintos grupos políticos. Ahora han lanzado una petición de firmas dirigida al presidente del Gobierno para exigir su intervención directa ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
«No podemos esperar más. Cada día cuenta. David y Javier pueden morir si no se actúa ya»
«No podemos esperar más. Cada día cuenta. David y Javier pueden morir si no se actúa ya», advierte el comunicado de las familias. Sus allegados temen que, sin una acción inmediata, tengan «que recibir el pésame dentro de unos días, porque aún están a tiempo de salvarles la vida».
La prisión de Black Beach, situada en la isla de Bioko, es considerada una de las más peligrosas de África. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado repetidamente las condiciones de hacinamiento, tortura y falta de asistencia médica en este centro penitenciario, donde permanecen recluidos opositores políticos y presos de conciencia.
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