El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves 9 de octubre una resolución que reclama a Guinea Ecuatorial «medidas inmediatas e incondicionales» para liberar a los andaluces Javier Marañón y David Rodríguez, detenidos desde hace meses por un supuesto caso de corrupción vinculado al despliegue de la televisión digital terrestre en el país africano. La Eurocámara subraya que el sistema judicial ecuatoguineano está «subordinado» al régimen de Teodoro Obiang, en el poder desde 1979.

Los eurodiputados denuncian las «condiciones inaceptables de detención» y los «malos tratos» que sufren los presos en Guinea Ecuatorial. En el texto aprobado, exigen que las autoridades garanticen el bienestar de ambos españoles y respeten su derecho fundamental a un juicio justo, atención médica adecuada y asesoramiento jurídico efectivo.

La Eurocámara denuncia las condiciones «inaceptables» de reclusión de Javier Marañón y David Rodríguez, presos por un supuesto caso de corrupción

La resolución lamenta la «falta de rendición de cuentas judicial» en Guinea Ecuatorial y señala directamente las prácticas de tortura y las condiciones de encarcelamiento infrahumanas que caracterizan al sistema penitenciario del país. Los eurodiputados aprovechan para condenar la «persecución continuada de la oposición política» y las graves restricciones a la libertad de expresión bajo el régimen de Obiang.

El calvario de los dos andaluces presos en Guinea: «Necesitamos que el Gobierno español actúe ya»

Según el texto, «las detenciones y reclusiones arbitrarias dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales, y pueden tener efectos negativos en sus relaciones con la Unión Europea». Por ello, instan a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, a que «redoble los esfuerzos diplomáticos» junto al Gobierno español para resolver la situación de los dos ciudadanos.

El Gobierno de Malabo negó antes del debate parlamentario que Marañón y Rodríguez estén sufriendo maltrato alguno en prisión. Las autoridades ecuatoguineanas han justificado su detención en el marco de una investigación por una supuesta trama de corrupción relacionada con el despliegue de la televisión digital terrestre en Guinea Ecuatorial, aunque no han aportado pruebas concluyentes sobre las acusaciones.

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