Cinco personas han sido acusadas en Málaga por formar una red de trata y de explotación de mujeres migrantes. La Fiscalía sostiene que la organización operaba desde 2010 con ramificaciones internacionales, captaba a mujeres vulnerables principalmente de Nigeria.

Estas eran captadas con la excusa de falsas promesas de trabajo y las forzaban a la prostitución bajo amenazas, deudas y violencia, mientras movían grandes cantidades de dinero y controlaban sus desplazamientos en distintos países.

Una red de trata que abarcaba varios países

Según las conclusiones iniciales del fiscal, desde 2010, los procesados formaban una organización, liderada por una de las acusadas, que tenía ramificaciones en otras provincias españolas y en países como Nigeria, de donde procedían la mayoría de las mujeres, Marruecos, Dinamarca y Alemania.

Cada uno de los supuestos miembros, señala la acusación pública en su escrito inicial, tenía presuntamente una función en esta red, que se encargaba del traslado, alojamiento y régimen de trabajo de las mujeres «con evidente ánimo de lucro».

Motivadas por dinero «para comer»

En uno de los casos, dice el fiscal, la principal acusada sabía que la familia de esta víctima carecía de recursos «incluso para comer» y, antes de partir de su país, se le indicó que debía entregar por el traslado 35.000 euros, además de que «la obligaron a someterse a un ritual de vudú».

Supuestamente fue obligada a ejercer la prostitución «para así saldar su deuda, de forma que entregaba todo el dinero» e incluso fue enviada a otros países, mientras su hijo pequeño se quedó con esta acusada, amenazándola, supuestamente, con que «no daría de comer al niño si no pagaba y lo entregaría a las autoridades españolas».

17 años de prisión para los acusados

Este juicio está previsto que se celebre este mes de junio en la Audiencia de Málaga. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos de trata de seres humanos en concurso con dos relativos a la prostitución.

Así, solicita en total por todos los delitos que se imponga a cada acusado la pena de 17 años de prisión. Además, considera que los procesados de forma solidaria deben indemnizar a cada una de las víctimas con 25.000 euros.