La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el concejal del Ayuntamiento de la capital malagueña Jacobo Florido por un delito de malos tratos del que había sido denunciado por su expareja.

En concreto, ha desestimado el recurso de la expareja contra el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga que rechazó el recurso de reforma contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones; de forma que confirma dichas resoluciones y declarando de oficio las costas del recurso.

En la resolución, se incide en que «en el auto que se acordó el sobreseimiento provisional han sido analizadas de forma detallada y pormenorizada todas las diligencias de instrucción que se han practicado».

«Se ha expuesto su resultado y se han efectuado valoraciones acerca de su contenido, sin que estas podamos considerarlas ilógicas, arbitrarias o irracionales», se añade en la resolución del Tribunal de apelación.

De igual modo, se precisa que «estamos ante una instrucción que ha durado varios años y en la que se han practicado numerosas diligencias de investigación», aludiendo a ellas. Además, añaden que «no existe por consiguiente la posibilidad de llevar a cabo mas diligencias de instrucción por haberse agotado el plazo».

Además, se indica que «del resultado de lo actuado no podemos considerar que haya quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos que eran objeto de denuncia por parte de la recurrente».

El informe de la UVIG

Por otro lado, sobre el contenido del informe de la UVIG, integrado por el perito forense, el psicólogo y trabajador social, la resolución precisa que son «coincidentes en sus respectivos ámbitos acerca de la ausencia de indicadores de malos tratos, con la especial relevancia que dichos dictámenes tienen en delitos en ámbito de la violencia de genero y familiar, al estar integrados por exámenes de ambos miembros de la pareja, desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías».

En relación con la valoración de las manifestaciones de los menores a modo de prueba, se indica que «no se infiere en modo alguno que las conclusiones que al respecto se han hecho por la instructora sean arbitrarias, incoherentes, o ausentes de motivación en la resolución impugnada».

Florido pide explicaciones al subdelegado

El concejal, en su cuenta en redes sociales, ha valorado esta resolución. «La justicia me ha dado la razón», ha dicho, apuntando: «Ha quedado demostrada mi inocencia y la falsedad de las acusaciones que hizo contra mí, con evidente mala fe, mi exmujer, a la que por indicación de la Fiscalía se van a incoar diligencias previas por denuncia falsa».

En el texto, Florido deja claro que no va a entrar en consideraciones personales: «Pese a todo lo ocurrido, le deseo lo mejor. Porque su bienestar será el bienestar de nuestra hija y eso es lo más importante para mí. En ese sentido, paso página sin rencor y con el mejor de los ánimos».

«Termina una pesadilla que ha durado más de dos años», relata Florido, ya que los hechos se remontan a un cruce de denuncias en 2024, al tiempo que incide en que «como por fin ha quedado atrás, es el momento de detenerme en quienes han utilizado aquella falsa acusación para intentar destruirme políticamente y para hacer daño al PP en general y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga en particular».

Florido, que ha dicho que no va a andarse «con rodeos», ha pedido explicaciones al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas (PSOE), ya que, ha apuntado, «creo que su entorno informó de que se me había impuesto una orden de alejamiento». «En realidad, desinformó, porque la orden de alejamiento se impuso también a mi expareja respecto de mí, detalle que la fuente omitió deliberadamente», ha abundado.

Así, añade que «»una vez aclarada la reciprocidad de la orden de alejamiento, varios periodistas tuvieron acceso a un pantallazo de Viogen (el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género) donde figuraban mis datos y había rastro de la falsa acusación contra mí«.

«Viogen es una red del Ministerio del Interior a la que tienen acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los juzgados, las prisiones y los servicios sociales para evaluar el riesgo de los presuntos agresores y proteger a las víctimas. No creo que sea necesario subrayar la gravedad de que se revelara algo secreto, vulnerándose la custodia de información tan delicada, con la finalidad clara de atacarme», ha apuntado.

Por lo tanto, ha continuado, «ahora procede depurar responsabilidades sobre lo ocurrido porque se utilizó información protegida de acceso restringido para intentar cancelarme».