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La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial al conductor de una motocicleta que el pasado 29 de julio atropelló a un agente cuando este trataba de detener su marcha en una carretera de la provincia de Málaga. El hombre está acusado, presuntamente, de un delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones y de otro contra la seguridad vial por conducción manifiestamente temeraria.
Circulaba entre Alhaurín y Fuengirola
La actuación se inició cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga detectó una motocicleta que circulaba por la carretera A-7053, entre Alhaurín el Grande y Fuengirola, cometiendo varias infracciones graves relacionadas con la seguridad vial. Los agentes le dieron el alto, pero el conductor siguió su marcha sin detenerse.
El agente que intentó detenerle sufrió lesiones
Durante el intento de parada, uno de los guardias civiles trató de interceptar al motorista, momento en el que fue atropellado por la motocicleta. Como consecuencia del impacto, el agente sufrió lesiones. El conductor consiguió abandonar el lugar en ese momento, por lo que los agentes del Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) del Subsector de Tráfico de Málaga asumieron posteriormente las pesquisas para localizarlo.
Tras las investigaciones realizadas, el motorista fue identificado y detenido por su presunta implicación en los hechos. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial. La Guardia Civil considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones, además de un delito contra la seguridad vial por conducción manifiestamente temeraria.
Se expone a penas de cárcel
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el supuesto delito de atentado a agente de la autoridad con resultado de lesiones contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión y una multa de tres a seis meses. Por su parte, el delito relacionado con la conducción manifiestamente temeraria puede conllevar una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
