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La Universidad de Málaga (UMA) prevé tener en febrero los informes necesarios para avanzar en el debate sobre la construcción de la Nueva Rosaleda en los terrenos de ampliación del campus de Teatinos. La institución académica quiere estudiar las consecuencias del proyecto antes de fijar una posición sobre su viabilidad y las condiciones en las que podría llevarse a cabo.
Así lo ha explicado Enrique Navarro, presidente de la comisión de expertos creada por la UMA para evaluar la propuesta. «Nos hemos propuesto que en febrero tendríamos ya los dictámenes apropiados para pasárselos al rectorado y que, a partir de ahí, ya se vaya hablando la negociación», ha señalado.
La comisión ha celebrado su primera reunión conjunta en el Rectorado, presidida por el rector, Teodomiro López, después de varias semanas de trabajo previo. El órgano está integrado por nueve miembros que representan a distintos sectores de la comunidad universitaria y tiene previsto celebrar alrededor de media docena de reuniones antes de presentar sus conclusiones.
El estudio se ha organizado en cuatro ámbitos: movilidad, seguridad y sostenibilidad; cuestiones jurídico-patrimoniales; repercusiones económicas y financieras; y efectos sobre la vida universitaria y la planificación futura del campus. El objetivo es determinar cómo afectaría el estadio tanto a la Universidad como al entorno urbano y al conjunto de la ciudadanía.
Navarro ha insistido en que el análisis no puede limitarse a la propiedad de los terrenos o a su precio. «Nuestro diálogo y nuestro debate son mucho más amplios y de largo recorrido», ha afirmado.
El acuerdo de 2010 y la titularidad de los terrenos
Uno de los asuntos que deberá aclarar la comisión es la situación jurídica de las parcelas. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado recientemente un acuerdo de permuta firmado en 2010, que, según sostiene, podría dar al Ayuntamiento derechos sobre parte de los terrenos vinculados al proyecto.
«No sabemos lo que plantea el alcalde. Lo que nosotros tenemos que estudiar es cuál es el régimen, la titularidad, los convenios. Hay distintos convenios con distintas adendas y todo eso forma parte del informe jurídico», ha explicado Navarro, que considera necesario disponer de los resultados de estos estudios antes de pronunciarse sobre cuestiones concretas.
El análisis también abordará las consecuencias que tendría la construcción del estadio sobre los accesos, el tráfico, la seguridad durante los eventos y el funcionamiento cotidiano del campus. Asimismo, se estudiará el impacto económico de la operación y sus posibles efectos sobre los presupuestos universitarios y los futuros desarrollos académicos y científicos.
Los 54 millones de euros, una cifra más dentro del estudio
Otro de los puntos que se encuentran sobre la mesa es la valoración de los terrenos realizada por la UMA, que cifra su valor en 54 millones de euros. Según Navarro, el cálculo tiene en cuenta la superficie de la parcela, su valor de mercado actual y sus posibilidades urbanísticas.
No obstante, el presidente de la comisión ha aclarado que esta cantidad «no es definitiva». «Es una cifra más simplemente calculada por la cantidad de metros y el valor de mercado que tiene actualmente», ha indicado, al tiempo que ha advertido de que ese valor podría cambiar en el futuro.
La comisión estudiará esta cantidad junto con el resto de factores económicos y financieros del proyecto, cuya dimensión, según Navarro, va más allá de la propia ciudad de Málaga y puede tener repercusiones en el conjunto de la provincia.
La UMA también prevé recabar la opinión de la ciudadanía y mantener encuentros con distintos grupos de interés, entre ellos asociaciones vecinales, colectivos empresariales y peñas. Con este proceso, la institución pretende evaluar la propuesta desde una perspectiva global antes de que el Rectorado valore las conclusiones y se pueda avanzar en las negociaciones con las administraciones implicadas.
