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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aún no ha recibido respuesta de la Universidad de Málaga a la carta remitida al rector, Teodomiro López, a quien le trasladó el acuerdo de permuta firmado en 2010, donde incluía la posible copropiedad municipal de parte de los terrenos elegidos para la futura Nueva Rosaleda.
Cuestionado este viernes sobre si la Universidad había respondido a su escrito, el regidor ha recordado que se trata de una comunicación «muy reciente», por lo que ha restado importancia a la ausencia de contestación: «No vamos a pedir que sea tan rápida la respuesta».
De la Torre ha defendido que el siguiente paso debe ser analizar conjuntamente la documentación y su posible aplicación, siendo este un paso fundamental para la futura casa del Málaga: «Lo que procede es que haya un estudio conjunto de personas que interpreten bien los acuerdos firmados y su aplicabilidad», ha señalado.
Una parcela de casi 33.000 metros cuadrados
En este sentido, De la Torre ha explicado que el Ayuntamiento trasladó esta cuestión para evitar que se pasara por alto lo recogido en el acuerdo de 2010, que contempla una permuta de terrenos vinculada a una parcela de 32.178 metros cuadrados. Según sostiene el Consistorio, este documento podría reconocer sus derechos sobre parte de la superficie prevista para el nuevo estadio del Málaga CF, que ya fue cedida al Consistorio en su momento.
No obstante, De la Torre ha insistido en que el Ayuntamiento no pretende condicionar la reflexión de la institución académica. «No tenemos ninguna postura contraria a que la UMA reflexione sobre este tema», ha afirmado, antes de subrayar que el análisis debe realizarse «en el marco de la máxima seguridad jurídica» y defendiendo los intereses de la Universidad, «como es natural y lógico».
La cuestión resulta relevante para el desarrollo de la Nueva Rosaleda, ya que la titularidad de los terrenos puede tener implicaciones económicas en una operación cuyo coste y financiación siguen pendientes de concretar. Sin ir más lejos, la UMA valoró estos terrenos en 57 millones de euros. Por ahora, ambas instituciones tienen por delante el análisis de los acuerdos para determinar su alcance y cómo podrían materializarse.
