El responsable jurídico de Vox en Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, defiende que la capital no implante una nueva Zona de Bajas Emisiones tras la aclaración del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirma la anulación de la regulación municipal relativa a esta área y ha llevado al Ayuntamiento a suspender las multas desde este miércoles. Según la resolución, consideran discriminatorio que tan solo los malagueños pudiesen entrar sin restricción a la zona.

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Durante una comparecencia en las puertas de la Casona del Parque, Ruiz Ballesteros señaló que el Consistorio «debería devolver de oficio las sanciones» ya impuestas, aunque considera que no lo hará y obligará a los afectados a recurrir. «En ambos casos consideramos que llevarán razón», afirmó en referencia tanto a quienes hayan recibido recientemente una multa como a quienes reclamen la devolución de una ya abonada.

La ZBE, una línea roja para Vox

El representante de Vox insiste en que su formación se opone a cualquier sistema de bajas emisiones que incluya sanciones a los conductores. «Nosotros entendemos que no debería haber zonas de bajas emisiones», manifestó, al tiempo que cuestionó que el Ayuntamiento justifique su implantación por las ayudas europeas. También defendió que el presupuesto municipal permite gestionar la ciudad sin recurrir a estas restricciones.

Ruiz Ballesteros también descartó que Vox asuma responsabilidades por las multas impuestas hasta ahora y atribuye la decisión al equipo de gobierno del PP: «El único responsable de multar a los malagueños es el Partido Popular».

Un futuro incierto

Respecto al futuro de la regulación, ha señalado que la formación no recurrirá la resolución judicial si el Ayuntamiento tampoco lo hace. No obstante, ha advertido de que responderán si el Consistorio decide acudir a instancias superiores y ha dejado abierta la posibilidad de condicionar futuros acuerdos municipales a sus planteamientos sobre movilidad.

La sentencia del TSJA estimó parcialmente el recurso presentado por Vox contra la ordenanza municipal, al considerar que la diferenciación entre vehículos domiciliados en Málaga y los registrados en otros municipios vulneraba principios como la libre circulación y la unidad de mercado. La suspensión de las nuevas sanciones deja pendiente de aclaración qué ocurrirá con los expedientes anteriores y con las multas ya pagadas.