Los jóvenes de la provincia de Córdoba que cometen un delito y son condenados por un juez a medidas no privativas de libertad podrán cumplir sus penas realizando trabajos para sus ayuntamientos o colaborando con organizaciones sociales. Esta iniciativa de la Consejería de Justicia busca que los menores reparen el daño causado en su entorno más cercano y, al mismo tiempo, reciban una formación en valores que les ayude a reinsertarse.
Para hacerlo posible, la Junta de Andalucía ha firmado ya 55 convenios en la provincia: 52 con ayuntamientos y tres con entidades sociales. Gracias a estos acuerdos, los jóvenes pueden realizar prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas, que son las alternativas a la privación de libertad que establece la ley.
¿En qué consisten estos trabajos?
La colaboración con los ayuntamientos se centra a menudo en servicios como la limpieza de espacios públicos o el mantenimiento de parques y jardines. Según la Junta, este tipo de tareas resulta especialmente eficaz cuando el menor ha cometido un delito contra el patrimonio, ya que le permite reparar de forma directa el daño en su propia localidad.
Por otro lado, los acuerdos con ONG como la Fundación Promi o Córdoba Acoge ofrecen a los jóvenes una perspectiva diferente. Al trabajar con personas con discapacidad, inmigrantes o colectivos en riesgo de exclusión, «toman conciencia de otras realidades sociales», explicó el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. El objetivo, añadió, es «alejarlos de las conductas conflictivas» a través de la educación en valores.
Un sistema que busca la reeducación
Estas condenas, conocidas técnicamente como medidas de medio abierto, se imponen para evitar el internamiento de los jóvenes y fomentar su reeducación. «Persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad», subrayó Nieto.
El perfil más común del menor que cumple estas medidas es el de un varón (81,5%), español (90,2%) y con una edad de entre 16 y 17 años (51,2%). El año pasado, de las 4.681 medidas de este tipo dictadas en Andalucía, 352 se ejecutaron en la provincia de Córdoba.
Vigilancia y seguimiento digital
El sistema no solo se basa en la colaboración de ayuntamientos y ONG. Los convenios también contemplan la participación de la Policía Local en el seguimiento de la libertad vigilada, una de las medidas más frecuentes.
Además, todo el proceso es supervisado por los equipos del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA) de la Junta, que informan puntualmente a los jueces. Nieto destacó que este seguimiento es ahora más ágil gracias a «Prisma», una nueva herramienta digital que centraliza toda la información del menor en un único expediente electrónico.