España tiene la llave de la fusión nuclear, la posibilidad de crear energía limpia y modificar el mundo desde la pequeña localidad granadina de Escúzar, en la comarca del Temple. Este lunes se puso la primera piedra de IFMIF-Dones, una instalación que pretende ser un revulsivo científico y económico tanto para Granada como para Andalucía, cambiando el modelo productivo y atrayendo empresas internacionales de primer nivel y profesionales muy cualificados. Pero, sobre, todo en el desarrollo de los materiales que se usarán en los reactores de fusión como el ITER de Francia.
En 2016, Granada empezó a escuchar a hablar del proyecto del acelerador de partículas, una infraestructura que empezó a erigirse con el símil de ser como el CERN español. Es un proyecto científico único en el mundo, con colaboración de varios países, y que desde su ubicación en la localidad granadina de Escúzar pretende poner a Granada, Andalucía y España en el mapa mundial de la fusión nuclear.
Además, la Unión Europea y España no están solas en esta iniciativa de ámbito internacional en la que colaboran también Japón y Croacia. Gobierno central y Junta de Andalucía financian este proyecto en el que la Universidad Granada también tiene mucho que decir.
Así, tras nueve años de espera para empezar a construir el edificio, en 2026 empezarán las obras para que en la próxima década, a partir de 2033, empiece a irradiar de forma consistente y entregue los primeros datos en 2035.
El IFMIF-Dones contará con los edificios y sistemas necesarios para albergar y poner en funcionamiento una fuente de neutrones Li-d, que estará basada en un conjunto de sistemas con los que se conseguirá producir neutrones de alta energía, a una intensidad y volumen suficientes con el que poder simular el flujo de neutrones que se producirá en la primera pared de los futuros reactores de fusión.
Este proyecto científico es la mayor inversión internacional en I+D+i de la historia de España. En total, el IFMIF-Dones movilizará 700 millones de euros en su construcción, 50 para su puesta en marcha y otros 60 millones anuales para su funcionamiento. España se ha comprometido a financiar el 50% del coste de construcción y el 10% del coste de operación.
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