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El Ayuntamiento de Sevilla se verá obligado a sacar adelante de manera urgente un plan de ajuste después de haber rebasado el gasto permitido durante el ejercicio de 2025. Así se desprende del informe de la Intervención General sobre la liquidación de las cuentas municipales, que analiza tanto la estabilidad presupuestaria como la regla de gasto.
Aunque el Consistorio sí ha cumplido con el periodo medio de pago a proveedores, el desequilibrio financiero obligará al Gobierno de José Luis Sanz a adoptar medidas para corregir la situación entre 2026 y 2027, ya sea mediante una subida de impuestos o con recortes en el gasto. El documento deberá aprobarse en el plazo de un mes.
El PSOE ha alertado este martes del estado de las cuentas municipales y cifra en «87 millones de euros» el desfase existente, correspondiente al incumplimiento del techo de gasto fijado para el pasado ejercicio. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha asegurado que el Ejecutivo local «ha incumplido la ley presupuestaria, la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria». «No es una opinión ni una interpretación, lo dice la liquidación», ha subrayado.
Ingresos previstos que nunca llegaron
Desde el grupo socialista señalan como uno de los principales problemas las previsiones de ingresos que finalmente no se materializaron. Muñoz ha puesto como ejemplo la tasa de residuos, para la que se contemplaban 40 millones de euros «de los cuales no se ha ingresado nada». También ha citado la tasa de telefonía móvil, con una estimación de «10 millones de euros anuales durante tres años», lo que suponía unos 30 millones adicionales.
«Aquí tenemos ya 70 millones de euros que no se han ingresado y, sin embargo, el Gobierno ha ido gastando como si tuviera esos 70 millones de euros. Esto es lo que provoca el desfase entre los ingresos y los gastos», ha explicado el portavoz socialista.
Críticas a la gestión económica del Gobierno local
Antonio Muñoz también ha relacionado este escenario con los reconocimientos extrajudiciales de crédito y las continuas modificaciones presupuestarias aprobadas en los plenos municipales. Entre ellas, ha mencionado «los 5 millones para privatizar la limpieza de los colegios públicos», además de «un crecimiento exponencial en partidas de publicidad y propaganda» y otros gastos que, según denuncia, han superado lo inicialmente presupuestado.
Como consecuencia de este incumplimiento, el Ayuntamiento tendrá que aprobar un plan de ajuste que podría traducirse en «una subida de impuestos para aumentar la recaudación y corregir ese déficit de 89 millones» o en recortes sobre partidas previstas y determinadas operaciones financieras.
Muñoz ha calificado la situación como «un ejemplo de mala gestión con un presupuesto inflado de ingresos». A su juicio, se trata de «una auténtica irresponsabilidad política», ya que «este desfase no lo van a pagar ni el señor Sanz ni el Partido Popular, lo pagarán los sevillanos con una repercusión sobre los servicios públicos, sobre las inversiones e incluso sobre el empleo público».
