La Diputación de Sevilla aprueba, por unanimidad, el Protocolo General que va a regir las actuaciones de la Institución provincial en la exhumación e identificación genética de las víctimas de la Fosa Monumento del Cementerio de San Fernando en Sevilla. Según el historiador José Díaz Arriaza, en ella descansarían los restos de 7.440 personas, 2.616 de ellas posibles víctimas de la represión militar posterior al golpe de estado de 1936.

En el pleno ordinario celebrado hoy jueves, también ha sido unánime la creación del Observatorio Provincial de la Memoria Democrática. Igualmente se ha aprobado la modificación del Reglamento Orgánico de la Corporación provincial para la inclusión de este observatorio en la Diputación Provincial.

“La Diputación no ha dejado de dar pasos adelante en su compromiso con el reconocimiento, reparación moral y recuperación de memoria personal y familiar de aquellas personas que padecieron situaciones de injusticia o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, explica Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía. Fernández asegura que “la predisposición de la Diputación es absoluta en lo que se refiere a la colaboración con las entidades memorialistas de la provincia de Sevilla y a la complicidad con el Gobierno de España para sacar adelante el proyecto de la Fosa Monumento, para el que esta Institución aportará la cuota presupuestaria correspondiente”.

Actuación en la Fosa Monumento

Este Protocolo General ha sido firmado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Con su aprobación, las partes implicadas establecen el «marco de colaboración y coordinación necesario, así como las bases que habrán de regir las actuaciones dirigidas a la realización de los trabajos de exhumación, estudio antropológico, custodia de restos óseos e identificación genética de las personas halladas en la Fosa Monumento del Cementerio de San Fernando de la capital hispalense», indican desde la Diputación Provincial.

Si bien el protocolo no establece compromisos jurídicos ni económicos concretos, la ejecución y el desarrollo de las actuaciones derivadas del mismo se instrumentalizarán con la elaboración de convenios específicos firmados al efecto, que entrarán en vigor el mismo día de la firma. Su vigencia será de tres años y se podrán prorrogar un año más si hay acuerdo unánime y expreso de las partes.

Observatorio de Memoria Democrática

La creación de este observatorio que ahora se constituye, fue promovida el pasado mes de enero por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. Su objetivo es convertirse en «instrumento de participación de las entidades memorialistas para el asesoramiento, información, debate y propuesta en el ámbito de la Memoria Democrática», explica la institución provincial.

Sus objetivos son la «propuesta de iniciativas relacionadas con la Memoria Democrática, potenciando la realización de actuaciones de defensa y divulgación de los derechos de las personas represaliadas durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista, así como favorecer la creación de un espacio de encuentro entre los actores memorialistas en el que desarrollar actividades tendentes a esta recuperación de la memoria histórica como patrimonio colectivo».  Para el diputado provincial  Casimiro Fernández, “se trata de fomentar y promover el derecho a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las que son merecedoras las víctimas”.

Tras su creación, el pleno de la Diputación Provincial aprueba ahora incluir el observatorio en su Reglamento Orgánico, quedando adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía. Se constituye además como Consejo Sectorial de carácter consultivo, informativo y no vinculante.

En cuanto a su organización y funcionamiento, cuyas reglas se han aprobado también en el Pleno de la Diputación, el Observatorio estará compuesto por una Presidencia, ejercida por el titular de la Diputación o la persona en la que delegue; vocalías conformadas por un diputado o diputada representante de todos los grupos políticas que integran la Diputación, dos representantes de las organizaciones sindicales con mayor representatividad en la Institución y hasta ocho vocales provenientes de entidades memorialistas; una persona de coordinación y una Secretaría.

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