El alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla), el popular Juan Manuel López ha comparecido este martes como investigado ante el Juzgado mixto número uno de Carmona. La declaración se enmarca en la investigación por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias vinculados a la instalación de un tanatorio privado en el polígono industrial El Gandul de la localidad. La comparecencia, que se prolongó durante unas dos horas, se produjo un día después de que declarara Ricardo Sánchez, expresidente del PP de Sevilla y antecesor de López en la Alcaldía, acusado de presunta administración desleal.

Juan Manuel López respondió a las preguntas del juez y de su abogado, aunque declinó contestar a los representantes del PSOE, que actúan como acusación tras haber denunciado los hechos. Según fuentes del caso, López atribuyó la responsabilidad ejecutiva en materia urbanística a José Navarro, también investigado y actual presidente local del PP.

El caso se remonta a 2015, durante el mandato de Ricardo Sánchez como alcalde, cuando el Ayuntamiento promovió un proyecto de tanatorio público. Sin embargo, el PSOE denuncia que la iniciativa derivó en la venta a bajo coste de terrenos municipales para la construcción de un tanatorio privado sin las licencias adecuadas y con un supuesto trato de favor hacia empresas vinculadas al PP. Según los socialistas, el proyecto habría puesto en riesgo la salud de 4.000 vecinos debido a la instalación de un crematorio en la zona.

El próximo 13 de marzo está previsto que declare Francisco Rodríguez Roa, coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía del PP andaluz y apoderado de la empresa Previpaz SL, también investigado por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El PSOE exige responsabilidades políticas y el cese inmediato de Ricardo Sánchez como delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, mientras el PP defiende la legalidad de sus actuaciones y califica las acusaciones de infundadas. El juzgado mantiene abierta la investigación para esclarecer si hubo un uso indebido de fondos públicos y tráfico de influencias en beneficio de empresas vinculadas al partido.

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