El comienzo del juicio sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa Río Grande ha sido suspendido este miércoles por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. La empresa Río Grande es la gestora del conocido restaurante de la calle Betis de la capital andaluza, con cargo a los fondos autonómicos del mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias.

Al comenzar la vista, el abogado defensor del exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales acusados, ha pedido suspender el juicio alegando que fue designado para representar a Lanzas el pasado 21 de febrero y que no ha tenido tiempo suficiente para estudiar el procedimiento judicial en cuestión.

Su nueva defensa pide un «margen razonable» de tiempo para estudiar bien la causa

El letrado Francisco Javier Freniche ha planteado que en sólo unos días es «imposible» conocer al detalle la causa, negando cualquier «mala fe para retrasar el proceso» y solicitando «un margen razonable» de tiempo para estudiar el caso.

Salvo las representaciones de la Junta de Andalucía y de la acusada Carmen Fontela, en este último caso por la edad de la misma, la gran mayoría de las partes incluyendo a la Fiscalía han mostrado su conformidad con dicha petición de suspensión, finalmente concedida por el tribunal al no apreciar «deslealtad» y considerar que se trata de «una causa justa para que se garantice el derecho de defensa» de Lanzas. Eso sí, el tribunal ha avisado de que el juicio no podrá ser señalado para «fechas inmediatas».

A Lanzas se le reclamaba siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta, para Beatriz N.M. seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, para la dueña del restaurante siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta, para Albarracín también siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta, para Francisco González igualmente siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta, para Eduardo L.D.R. seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, para Carlos L.B. siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta y para Carmen Fontela cuatro años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta.

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