La vivienda ha dejado de ser únicamente una reivindicación de los movimientos de inquilinos y llegará también a los centros de trabajo. CCOO y UGT han acordado respaldar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar medidas frente al encarecimiento de la vivienda y salarios que permitan a los trabajadores afrontar su coste. La fecha todavía no está cerrada, pero los sindicatos apuntan a noviembre, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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¿Qué buscan los sindicatos con esta huelga?

El mensaje de los sindicatos combina dos problemas que consideran directamente relacionados: el precio de la vivienda y los salarios. CCOO y UGT sostienen que muchos trabajadores no pueden asumir actualmente el coste del alquiler o de una vivienda con sus ingresos. Por eso, además de reclamar medidas a las administraciones públicas, como el desbloqueo de los convenios colectivos y la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

¿Cuándo será?

Todavía no hay un día concreto. Lo que sí está confirmado es que será durante el otoño y antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que noviembre es la fecha que consideran más razonable y ha descartado que el paro coincida con la campaña electoral. CCOO también ha confirmado que la huelga se celebrará antes de las elecciones.

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¿Cuánto durará?

La idea es que durante una jornada completa los trabajadores que secunden la convocatoria dejen de trabajar durante 24 horas. La movilización tendrá una dimensión estatal, pero los detalles de los paros y las concentraciones tendrán que organizarse posteriormente por territorios y sectores. La huelga no implica que todas las personas tengan que secundarla. Es un derecho de los trabajadores, por lo que cada empleado decide individualmente si participa.

¿Es legal?

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado la legalidad de la convocatoria porque considera que no existe un conflicto laboral y que el motivo principal es una cuestión política y social. Los sindicatos defienden lo contrario. Su argumento es que la vivienda afecta directamente a las condiciones de vida de los trabajadores y que existe una conexión entre el precio de la vivienda, los salarios y la negociación colectiva.