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Una enmienda del PP andaluz al Presupuesto 2024 hará que la Junta ofrezca una bonificación de Patrimonio a contribuyentes de grandes fortunas

Una enmienda parcial del Grupo Popular al proyecto de Presupuesto de 2024 propiciará que los contribuyentes andaluces afectados por el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas puedan hacerlo por el Impuesto sobre el Patrimonio con «una bonificación variable» y propiciar de esta forma que sea el Gobierno andaluz el destinatario de esos ingresos y no la hacienda del Estado. Una enmienda del PP andaluz al Presupuesto 2024 hará que la Junta ofrezca una bonificación de Patrimonio a contribuyentes de grandes fortunas 

En una información que ha adelantado en esta jornada el diario Abc, la enmienda del PP plantea con el Impuesto sobre el Patrimonio, que el Gobierno andaluz bonificó al 100% en septiembre de 2022 con el Decreto-ley 7/2022, que «de manera transitoria y solo aplicable mientras esté vigente el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, modificar la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio». Una enmienda del PP andaluz al Presupuesto 2024 hará que la Junta ofrezca una bonificación de Patrimonio a contribuyentes de grandes fortunas 

Al contribuyente se le ofrecen dos opciones que son «incompatibles entre sí», según el texto al que ha accedido Europa Press, quien deberá optar entre «dos posibles bonificaciones».

La alternativa que el Gobierno andaluz le ofrecerá a los andaluces obligados por el Impuesto de grandes fortunas, creado por la Ley 38/2022 y destinado a los propietarios de un patrimonio neto superior a los 3 millones de euros, será «una bonificación variable para que no tengan que declarar por este impuesto y solo lo hagan en el Impuesto sobre el Patrimonio».

La intención de la Junta de Andalucía con esa bonificación variable de la que habla la enmienda es «recuperar así esa recaudación para la hacienda pública de la Junta de Andalucía».

De no ser así, el contribuyente seguiría beneficiándose de «la bonificación del 100% actualmente vigente» en Andalucía en el Impuesto sobre el Patrimonio, y en ese supuesto «sí están obligados a declarar por el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas» y de esa manera «la recaudación correspondiente a este impuesto permanecería en la hacienda del Estado».

El Gobierno estableció en la Ley 38/2022 que el Impuesto para grandes fortunas no era «susceptible de cesión a las comunidades autónomas».

De igual forma, precisa la iniciativa, de no estar obligados por el Impuesto de grandes fortunas, a los contribuyentes les «será indiferente la aplicación de cualquiera de las dos bonificaciones descritas» por cuanto «seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio en ambos casos».

El Gobierno andaluz estableció en el Decreto-ley 7/2022 que «con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado se aplicará, sobre la cuota resultante, una bonificación autonómica del 100% de dicha cuota si esta es positiva».

ALTERNATIVA TRAS EL BENEPLÁCITO DEL CONSTITUCIONAL A GRANDES FORTUNAS

Esta iniciativa responde al camino alternativo que han ideado las comunidades afectadas por la entrada en vigor del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, entre ellas, la Comunidad de Madrid junto con Andalucía, ya que ambas recurrieron ante el Tribunal Constitucional la entrada en vigor del tributo estatal por apreciar una invasión de sus competencias una vez que ambas bonificaban al 100% la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio.

El Tribunal Constitucional planteó en una nota de prensa para explicar su sentencia desestimatoria del recurso de la Junta de Andalucía, acerca de «la alegada vulneración de la autonomía financiera», que «el Impuesto sobre grandes fortunas es complementario del Impuesto sobre el Patrimonio y no afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas sobre este tributo».

Proseguía argumentando en ese sentido que «el mínimo exento, la
tarifa, las deducciones y las bonificaciones aplicables en el Impuesto sobre el Patrimonio seguirán siendo, única y exclusivamente, los que decida la Comunidad Autónoma» y «sin que el Impuesto sobre grandes fortunas suponga cambio alguno».

«Por tanto, no se modifica el régimen de cesión del Impuesto sobre el Patrimonio ni el sistema de financiación autonómica», concluyó su razonamiento el Constitucional.

TORREGROSA: UNA OPORTUNIDAD DE QUE EL IMPUESTO SE PAGUE EN ANDALUCÍA

Este jueves, la portavoz del Partido Popular de Andalucía, Mercedes Torregrosa, ha asegurado en una rueda de prensa en Almería, acerca de esa bonificación variable a los contribuyentes andaluces para propiciar que éstos se decanten a pagar por el Impuesto sobre el Patrimonio en vez de por grandes fortunas, que «es darle la oportunidad a los andaluces de que ese impuesto se pague en Andalucía».

La también diputada en el Congreso ha argumentado sobre esa bonificación a pagadores de grandes fortunas que «ese dinero se quede en Andalucía» tras advertir de que con el impuesto estatal «encima de todo ese dinero que es de Andalucía se vaya fuera», para apuntar seguidamente que «en el mismo momento que se elimine el Impuesto de las grandes fortunas nosotros eliminamos el Impuesto de Patrimonio».

«O es uno o es otro en la Comunidad Autónoma», ha planteado la portavoz del PP-A, quien ha argumentado que «nosotros no creemos en este impuesto», convencida de que «es un impuesto malo, que va contra los grandes capitales que llegan a Andalucía para crear empleo».

«No creemos en él y por eso lo eliminamos», ha afirmado Maribel Torregrosa sobre la iniciativa que tomó el Gobierno andaluz en 2022, pero ha puntualizado que ante la iniciativa de la Administración del Estado de implantar el tributo para grandes fortunas en ese caso ha obligado al Gobierno andaluz a propiciar «con esa enmienda que ese dinero de Andalucía se quede en Andalucía y no se vaya a otras partes de España».

«En el mismo momento que Pedro Sánchez se comprometió, el gobierno de España se comprometió a que iba a ser un impuesto, el de grandes fortunas, temporal, de dos o tres años, en el mismo momento que desaparezca, nosotros hacemos desaparecer el impuesto», se ha reafirmado Torregrosa.

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