La Universidad de Sevilla se enfrenta a un desfase presupuestario de casi 13 millones de euros en el capítulo de personal. Así lo trasladó este jueves la rectora Carmen Vargas al Consejo de Gobierno de la institución, tras analizar las cifras derivadas del acuerdo de financiación alcanzado entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas andaluzas.

Según ese acuerdo, la Hispalense recibirá en 2026 un total de 449,3 millones de euros. De esa cantidad, 2,5 millones están destinados a la «sostenibilidad financiera» y 5,5 millones provienen de un acuerdo firmado en abril de 2025 para cubrir complementos salariales del personal técnico y administrativo (PTGAS). Sin embargo, el propio Rectorado estima que el coste real de su plantilla —sumando sueldos base, complementos y las subidas salariales obligatorias por ley— asciende a 462 millones de euros.

La diferencia entre lo que entra y lo que hay que pagar ronda los 12,7 millones de euros

La brecha salarial

El Rectorado ha sido directo en su diagnóstico: la partida recibida es «claramente insuficiente» para hacer frente a los costes de personal previstos para este año. La institución reconoce que ese desfase tendrá que cubrirse, en parte, «con el ahorro de otros capítulos de gasto», es decir, reduciendo el gasto en otras áreas para no dejar nóminas sin cubrir.

La situación obliga a lo que el Rectorado describe como una gestión basada en el «principio de prudencia». En la práctica, eso significa controlar que el gasto en personal no crezca más de lo estimado y garantizar que los trabajadores cobren lo ya consolidado el año anterior.

Recortes en mente

La Universidad está valorando un ajuste presupuestario para 2026. El criterio que seguirá es claro: «minimizar el impacto directo en las personas». Las medidas que afecten a salarios o complementos de trabajadores y estudiantes serán consideradas prioritarias y se tratarán con los sectores implicados antes de tomarse ninguna decisión.

Entre los ámbitos que podrían verse afectados figuran la racionalización del gasto general, la dedicación docente, la asignación del personal técnico y administrativo, y los procesos de promoción y contratación.

Una auditoría externa será la clave

El desbloqueo de la situación depende, en buena medida, de una auditoría externa que analizará los costes de personal de cada universidad andaluza. Ese proceso fue acordado entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores de los ocho campus públicos de Andalucía tras meses de negociación.

En ella participará también la Consejería de Economía y Hacienda, y su objetivo es homogeneizar los criterios con los que cada universidad calcula sus gastos de plantilla, una cuestión que había sido el principal punto de fricción en las negociaciones. Los resultados de esa auditoría podrían generar «incrementos adicionales» de financiación, según apuntó la propia rectora, aunque reconoció que, al ser un proceso externo, el resultado «es difícil de cuantificar».

El modelo de financiación pactado con la Junta incluye una cláusula de salvaguarda que garantiza a las universidades recibir, como mínimo, la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales. La comisión técnica que se va a crear tendrá como misión determinar con precisión cómo se aplica esa cláusula y con qué criterios se calcula, algo que hasta ahora había generado diferencias de interpretación entre la Administración y los campus.