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El Club de Tiro Jarapalo, en el punto de mira de los vecinos de Pinos de Alhaurín por contaminación acústica

El Club de Tiro Jarapalo, en el punto de mira de los vecinos de Pinos de Alhaurín por contaminación acústica

El conflicto entre los vecinos de la urbanización Pinos de Alhaurín de la Torre y el Club de Tiro Jarapalo sigue sin resolverse tras años de quejas, informes técnicos y procesos administrativos. La plataforma vecinal, que ya agrupa a más de 80 familias —alrededor de 300 personas—, denuncia que el ruido generado por las detonaciones de armas de fuego es «insoportable» y que la situación ha empeorado, pese a la clausura temporal de una de las pistas de tiro. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio confirman que pronto «se cerrará finalmente».

Según explican los vecinos, el pasado 25 y 26 de enero se realizaron dos mediciones acústicas homologadas, una a cargo del Ayuntamiento y otra contratada por la propia plataforma. Ambos estudios concluyeron que el nivel de ruido superaba ampliamente los límites legales establecidos para zonas residenciales, con valores sostenidos entre 75 y 85 decibelios y picos que alcanzaban hasta los 100, cuando el máximo permitido en exteriores residenciales es de 55.

Lo que no entienden, según indican, es que esas mediciones se hicieron con la pista más próxima a las viviendas clausurada. Desde entonces, denuncian, esa pista ha sido reabierta tras instalarse una estructura de panel sándwich que, lejos de solucionar el problema, «amplifica aún más el ruido».

Una actividad “incompatible”

«Es una actividad incompatible con una zona residencial, no hay forma de aislar el ruido al tratarse de una actividad al aire libre», aseguran los vecinos. Hasta la fecha, se han realizado seis mediciones oficiales con resultados desfavorables, llevadas a cabo por técnicos de la plataforma, del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.

El Club de Tiros Jarapalo.
El Club de Tiros Jarapalo.

La desesperación ha llevado a los residentes de esta urbanización de Alhaurín de la Torre a considerar emprender acciones legales contra las administraciones competentes por omisión en el cumplimiento de la normativa. «La Junta ha prometido medidas que no se han materializado, han pasado casi cuatro meses desde que dijeron que se clausuraría provisionalmente la actividad, y no sólo no se ha hecho, sino que el ruido va a peor», afirman.

La plataforma también ha denunciado la falta de licencia de apertura y autorizaciones ambientales del club, así como la caída de perdigones de plomo y restos biológicos en parcelas colindantes sin consentimiento, lo que consideran un riesgo adicional.

Competencia autonómica

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aseguran haber colaborado siempre con los vecinos y con la Junta, pero remarcan que la competencia en materia de ruidos y de actividad de campos de tiro corresponde al gobierno autonómico, en virtud de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007).

“El club de tiro funciona desde 1969, cuando las licencias eran otorgadas por el gobernador civil», explican fuentes municipales a 101TV. También informan que se han realizado diversas mediciones acústicas en distintas pistas, incluyendo durante un torneo internacional a finales de enero de este año, cuyos resultados se han puesto a disposición de la Junta.

La pista número 1 fue clausurada temporalmente en verano de 2024 tras comprobar que excedía los niveles legales, y desde entonces se iniciaron unas obras de insonorización cuya eficacia es cuestionada por los vecinos. El Consistorio asegura que ya ha actuado dentro de sus competencias y que seguirá las instrucciones de la autoridad autonómica o judicial si así se dictamina.

La Junta mantiene el expediente abierto

Por su parte, la Junta de Andalucía ha confirmado a este medio que el expediente abierto contra el Club de Tiro Jarapalo sigue en tramitación. Aunque en su momento se comunicó a la plataforma vecinal la intención de iniciar un procedimiento sancionador y la posible clausura provisional de la actividad, hasta la fecha no se ha materializado ninguna resolución definitiva. «Los plazos legales no han concluido aún», señalan desde la administración autonómica.

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