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Activan el protocolo del SAS por dos agresiones a sanitarios en Motril y Almuñécar

acto agresion sanitario

El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada ha expresado su «más absoluta condena» ante las agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios que se han producido en los centros de salud de Motril Centro y Almuñécar. Esto ha motivado la activación del Plan de Prevención y Atención previsto por el Servicio Andaluz de Salud para prestar ayuda y asesoramiento a las víctimas.

El primero de los casos ha afectado a una facultativa de Atención Primaria del centro de salud de Motril Centro durante el desarrollo de su jornada de trabajo. La víctima ha recibido asistencia psicológica y jurídica por parte del SAS.

El segundo afectado ha sido un médico del servicio de Urgencias del centro de salud de Almuñécar mientras atendía a un paciente en la vía pública.

Ambas agresiones han sido denunciadas en tiempo y forma, siguiendo las pautas del protocolo establecido al respecto por el sistema sanitario público andaluz.

Los agresores se enfrentan a penas de prisión

Desde el AGS Sur de Granada se condena «sin matices» cualquier acto violento, físico o verbal, que afecte a los profesionales del sistema sanitario público andaluz dentro o fuera de un centro sanitario.

«La violencia nunca está justificada», se reitera, al tiempo que recuerda que la agresión a un sanitario es un delito en España y que los agresores se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel, multas económicas, órdenes de alejamiento e indemnizaciones.

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El SAS ha reforzado su oferta formativa sobre control de situaciones conflictivas y sobre el propio Plan de Prevención de Agresiones. Reconducir las situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias son los objetivos que se persiguen. Adicionalmente se imparten talleres de la mano de Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de instituciones penitenciarias.

Asimismo, el personal cuenta a su disposición con la figura del ‘profesional guía’, que acompaña y asesora a los profesionales agredidos, facilita asistencia psicológica y jurídica y refuerza las medidas de seguridad disponibles en los centros de trabajo, como cámaras de seguridad, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales de carácter disuasorio.

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