Las PTIS —Personal Técnico de Integración Social— andaluzas no pueden más. Denuncian su situación de precariedad, así como una desigualdad estructural causada por la privatización de un recurso que «debería ser público». Así lo explica Juana Martínez, portavoz de la plataforma PTIS en Lucha y delegada sindical de Comisiones Obreras en el sector privatizado. Y es que, pese a ser una figura desconocida para muchos, estas profesionales tienen una labor fundamental en la escuela pública: garantizar la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
«Somos el personal que garantiza el acceso a la escuela pública en igualdad de condiciones», resume de forma contundente Martínez. Su función, explica, va mucho más allá de las tareas asistenciales. Acompañan al alumnado en su autonomía, apoyan el aprendizaje, elaboran materiales y gestionan situaciones de conducta o crisis dentro de unas aulas donde, cada vez, hay más casos de niños con necesidades específicas. Teniendo en cuenta solo el autismo, por ejemplo, el número de casos se ha cuadruplicado en los últimos diez años.
La clave del conflicto, según la portavoz, está en el modelo de gestión del servicio en Andalucía: “Es la única comunidad autónoma donde este servicio está privatizado”. Mientras una parte del personal depende directamente de la administración pública, otra trabaja a través de empresas privadas que obtienen el servicio mediante licitación.
Dos modelos dentro del mismo sistema educativo
Esta doble vía de contratación, sostiene Martínez, genera una brecha «abismal» en derechos laborales y condiciones salariales, pese a que el trabajo se realiza en los mismos centros, con el mismo alumnado y bajo las mismas direcciones escolares.
Las trabajadoras contratadas por empresas privadas denuncian situaciones como contratos parciales, salarios inferiores, falta de reconocimiento de derechos como vacaciones o días de asuntos propios, e incluso incumplimientos de convenio. «Nos detraen vacaciones de forma unilateral, no cobramos periodos no lectivos y pasamos al desempleo al finalizar el curso», afirma.
Además, denuncian carencias en materia de prevención de riesgos laborales, falta de formación específica y escasez de materiales básicos de protección.
“Somos el personal que garantiza el acceso a la escuela pública en igualdad de condiciones”
Una huelga contra la privatización
El conflicto laboral ha derivado en movilizaciones y jornadas de huelga. Sin embargo, desde la plataforma insisten en que la reivindicación va más allá de lo salarial: el objetivo principal es la reversión del modelo privatizado, y por ende, una mejora en atender a los niños que más lo necesitan.
«Nosotras no solo peleamos por nuestros derechos laborales, sino por una educación pública de calidad e inclusiva”, señala Martínez. La demanda central es que el servicio vuelva a ser gestionado íntegramente por la administración pública y que se garantice la subrogación del personal actual.
Las trabajadoras sostienen que la precariedad laboral repercute directamente en la atención educativa. Con contratos de pocas horas semanales y sin continuidad garantizada, afirman que es imposible planificar adecuadamente la intervención con el alumnado.
Aulas desbordadas y recursos insuficientes
Más allá del conflicto laboral, las PTIS describen un escenario educativo marcado por la sobrecarga. Según el testimonio de varias asociaciones y familias consultadas por 101TV, es habitual encontrar aulas con varios alumnos con necesidades específicas y un número insuficiente de profesionales para atenderlos.
Lo habitual es que haya una o dos PTIS para un solo centro. Por tanto, un solo profesional debe atender múltiples aulas con alumnado diverso. Esta situación obliga a priorizar constantemente: atender primero las crisis conductuales, después las necesidades básicas como alimentación o higiene, y en último término el apoyo educativo.
«El escenario es de supervivencia diaria», afirma Martínez, quien describe un sistema en el que docentes y personal de apoyo trabajan «al límite» para evitar que el alumnado quede desatendido.
«El escenario es de supervivencia diaria»
La privatización, «el origen del problema»
Uno de los ejes centrales del discurso de la plataforma es la crítica al modelo de externalización del servicio. Las trabajadoras consideran que la entrada de empresas privadas ha generado precariedad, rotación constante de personal y falta de estabilidad en los centros.
Además, denuncian lo que califican como «economía sumergida» vinculada a la figura de apoyo educativo, conocida popularmente como ‘monitor sombra’. La falta de recursos causa que muchas familias se vean obligadas a pagar a personas externas al centro para que acompañen a sus hijos en las aulas, una figura «alegal» que la Junta de Andalucía lleva tiempo intentando regular.
De hecho, en 2025, la Junta y la Federación de Autismo de Andalucía firmaron un convenio para eliminar a «las sombras» en el año 2027. Sin embargo, hasta entonces, muchas familias siguen pagándolas, mediante cobros «encubiertos», lo que ha generado un gran debate entorno a la capacidad del sistema público andaluz para acoger y sostener a los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Vía judicial y conflicto con la administración
El conflicto también ha llegado a los tribunales y a la Inspección de Trabajo, aunque las trabajadoras aseguran que los procesos son lentos y poco efectivos. “Los juzgados son un laberinto del que no salimos bien paradas”, lamenta la portavoz. Según su relato, las empresas adjudicatarias han sido advertidas en varias ocasiones por incumplimientos, sin que ello haya derivado en sanciones efectivas por parte de la administración.
La última jornada de huelga contó, según datos aportados por la plataforma, con una alta participación. Lejos de cerrar el conflicto, las trabajadoras anuncian nuevas movilizaciones.
«Vamos a seguir con jornada de huelga tras jornada de huelga», afirma Martínez. El colectivo reclama que la Junta de Andalucía, la Agencia Pública de Educación y la Delegación de Educación asuman responsabilidades y abran una negociación para revertir la privatización del servicio.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto en un sistema educativo donde, según las PTIS, la inclusión del alumnado más vulnerable depende en gran medida de unas condiciones laborales que consideran insostenibles.
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