La Junta de Andalucía no está para tirar cohetes. La Asociación Española de Pirotecnia —Aepiro—, la patronal del sector, ha cargado contra la decisión del Gobierno regional de vetar los fuegos artificiales como medida de protección frente a los incendios.
Aseguran que la propuesta lanzada por Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Emergencias andaluz, es «arbitraria, ignora la realidad, carece de fundamento legal y estadístico y sólo busca rédito político a costa de hundir al sector».
En concreto, el vicepresidente propuso en Málaga «no autorizar ningún tipo de fuegos artificiales ni evento pirotécnico en ninguna población durante el periodo de altísimo riesgo que estamos viviendo en Andalucía».
No hay relación pirotecnia-incedio
Según detalla Aepiro en un comunicado, los datos estadísticos «desmienten el relato oficial: la pirotecnia jamás provocó un gran incendio forestal en Andalucía en nueve años y esta ocupa el puesto 52 de las ochenta causas registradas».
Agregan que «la quema de restos de poda quema 142 veces más superficie, las colillas 92 veces más, las líneas eléctricas 85 veces más y las labores agrícolas autorizadas sumaron 266 veces más superficie quemada» que los fuegos artificiales.
Además, exigen a la Junta que aclare si dictará la prohibición de los fuegos artificiales o sólo lo recomiendan a los Ayuntamientos: piden «dotar de seguridad jurídica a operadores y corporaciones locales».
La Asociación Española de la Pirotecnia reclama que la autorización se aplique con criterio técnico y territorial, distinguiendo el suelo urbano consolidado y las zonas agrícolas del terreno y de influencia forestal.
A juicio de la patronal del sector, «prohibir la pirotecnia es una medida cosmética que no habría evitado más del 0,02% de la superficie quemada en nueve años».
Reunión Junta-Aepiro
Desde Aepiro insiste en que comparten «la preocupación por los incendios forestales», por lo que solicitan «de urgencia» una reunión técnica con la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias «para establecer criterios profesionales frente a las decisiones puramente políticas y diseñar un procedimiento ágil de autorización durante la temporada de verano».
Así, también pretenden «frenar la sangría de cancelaciones de espectáculos pirotécnicos en todo el territorio andaluz provocada por un alarmismo político injustificado».
Por último, sentencian que mantener el veto supondría «un golpe histórico para fabricantes, técnicos y fiestas populares, destruyendo empleo sin que ello aporte ninguna reducción perceptible en el riesgo real de incendios».



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