El mapa judicial de la Operación Trajano 23 Sorela ha dado un vuelco absoluto. El conocido hostelero de El Puerto de Santa María, Pascual Llopis ‹Pascuali, ha abandonado el centro penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona, tras decretarse su libertad provisional con cargos.
Este cambio radical en su situación penitenciaria coincide en el tiempo con un viraje drástico en su estrategia de defensa. El empresario portuense ha revocado el poder a sus anteriores letrados para poner su futuro legal en manos del veterano y mediático abogado sevillano José María del Nido Benavente.
La irrupción del bufete de Del Nido a mitad de la instrucción penal ha resultado determinante para que el juez instructor flexibilizara las medidas cautelares tras casi dos meses de reclusión. La nueva línea de defensa ha logrado neutralizar los motivos que justificaban la prisión provisional al acreditar un profundo arraigo familiar, social y empresarial en la provincia de Cádiz, lo que a ojos del juzgado diluye cualquier riesgo de fuga.
Paralelamente, el equipo legal del hostelero ha puesto sobre la mesa de la instrucción un exhaustivo balance documental compuesto por informes fiscales, contables y extractos bancarios. Con este aluvión de datos, la defensa pretende certificar la trazabilidad y el origen lícito de los ingresos del empresario. Asimismo, desde el entorno jurídico de Llopis se ha querido desvincular de forma tajante su situación de cualquier delito relacionado con el narcotráfico, recordando que los registros efectuados en sus propiedades por la Guardia Civil arrojaron un resultado negativo en sustancias estupefacientes.
Pascual Llopis es una figura ampliamente conocida en el sector del ocio nocturno y la restauración de la costa gaditana. Bajo su gestión directa se encuentran negocios de gran afluencia estival como la discoteca Banana o el concurrido chiringuito Margarita, situado en la zona de Puerto Sherry.
A pesar de haber obtenido la libertad provisional, el hostelero se mantiene formalmente investigado dentro de una macrocausa que acumula once detenidos. Las pesquisas dirigidas por el instituto armado rastrean un presunto entramado societario dedicado al blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y malversación, presuntamente articulado para obtener adjudicaciones públicas de forma irregular.
La puesta en libertad de Llopis contrasta significativamente con la situación del otro gran nombre propio del caso. Mientras que el empresario portuense afrontará a partir de ahora el proceso judicial en la calle, el sevillano Mario García Lobato —señalado indiciariamente por los investigadores como el cerebro y dinamizador de la red corporativa— permanece privado de libertad bajo estrictas medidas cautelares.
La instrucción judicial avanza ahora centrada en el volcado y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las detenciones.
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