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El plazo para acogerse al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes concluye este martes 30 de junio con alrededor de 1,2 millones de solicitudes registradas, según han confirmado fuentes gubernamentales. La cifra supera ampliamente las estimaciones iniciales, que apuntaban a unos 500.000 potenciales beneficiarios, aunque el Gobierno advierte de que los datos aún deben ser depurados para eliminar posibles duplicidades.
El proceso, impulsado por el Ejecutivo el pasado 16 de abril, encara sus últimas horas mientras organizaciones sociales y colectivos de apoyo a las personas migrantes mantienen la presión para ampliar el plazo de presentación de solicitudes, ante el temor de que miles de personas queden fuera por dificultades burocráticas.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó este lunes el procedimiento como un «éxito». La responsable del departamento recordó que la medida recogía el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que reclamaba la regularización de más de medio millón de personas.
«Nunca fueron cifras oficiales», señaló la ministra al ser preguntada por la diferencia entre las previsiones iniciales y el volumen actual de solicitudes. Según indicó, aquellas cantidades respondían a estimaciones incluidas en la propia iniciativa ciudadana.
Saiz defendió además el impacto social de la medida, subrayando que «detrás de cada una de estas personas hay historias de vida» y que el proceso permitirá que miles de ciudadanos «dejen de estar en los márgenes invisibles y tengan derechos».
Datos pendientes de revisión
Los últimos datos oficiales, correspondientes al 15 de junio, situaban las solicitudes por encima de las 900.000. Sin embargo, fuentes del Ministerio han insistido en que las cifras provisionales pueden contener expedientes duplicados o presentados por distintas vías.
Desde el departamento de Migraciones aseguran que la tramitación se desarrolla con normalidad y que ya se están remitiendo autorizaciones provisionales en distintos puntos del país tras el análisis individualizado de los expedientes.
La directora general de la organización Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Mónica López, estimó a mediados de junio que las solicitudes ya rondaban el millón. No obstante, también advirtió de la existencia de duplicidades.
Según los datos manejados por la entidad, unas 300.000 solicitudes habrían sido admitidas a trámite, aproximadamente un 30% del total registrado hasta ese momento. La organización también ha alertado de retrasos en los plazos de admisión, ya que los 15 días inicialmente previstos no se estarían cumpliendo en numerosos casos.
Presión para ampliar el plazo
Diversos colectivos han reclamado al Gobierno una ampliación del plazo para evitar que personas con dificultades para obtener o legalizar la documentación exigida queden excluidas del proceso.
El movimiento Regularización Ya registró el pasado 10 de junio una proposición no de ley en el Congreso para ampliar el calendario, una iniciativa respaldada por formaciones como Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.
Una de las portavoces del colectivo, Victoria Columba, defendió que la fecha límite del 30 de junio es «arbitraria» y sostuvo que una ampliación sería posible si existiera voluntad política.
También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reclamó durante una sesión de control al Gobierno mayor flexibilidad con los plazos administrativos, al considerar que muchas personas no han podido reunir toda la documentación necesaria dentro del periodo establecido.
Comparecencia del Gobierno
Coincidiendo con el cierre del plazo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este martes junto a varios ministros en una jornada dedicada a la migración.
Por su parte, la ministra Elma Saiz ha anunciado que comparecerá a finales de esta semana para ofrecer los datos definitivos del proceso y hacer balance de una regularización extraordinaria que se ha convertido en una de las mayores de las últimas décadas en España.
