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La continuidad de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería) se ha convertido en un foco de tensión después de que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, planteara la disolución del puesto principal para dar paso a la implantación de la Policía Nacional en la localidad. Ante la reorganización prevista para diciembre, la asociación profesional Jucil ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Secretaría de Estado de Seguridad que paralicen las medidas previstas hasta que se aclare definitivamente la situación jurídica.
La organización ha presentado escritos en los que reclama que se suspenda la disolución del puesto y que se mantengan las actuales plazas, destinos y plantilla. Además, ha solicitado una reunión «urgente» para abordar la continuidad de la Guardia Civil en el municipio antes de que se ejecute cualquier cambio organizativo.
El conflicto se produce después de que la Audiencia Nacional anulara la orden ministerial que sustentaba la reestructuración de la Dirección General de la Policía en este ámbito, al considerar que la creación de la Comisaría de Roquetas de Mar carecía de la motivación jurídica necesaria y de estudios previos que la justificaran. La resolución se encuentra pendiente de la evolución del procedimiento ante el Tribunal Supremo, que debe determinar si admite el recurso de casación.
¿Qué cambios están previstos en Roquetas de Mar?
La reorganización contempla la implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar y la consiguiente modificación de la presencia de la Guardia Civil en la localidad. Según los escritos de Jucil, los primeros movimientos de personal están previstos para el próximo mes de diciembre, con fechas señaladas para los días 1 y 15.
La asociación teme que el proceso implique la salida de agentes, la redistribución de plazas y cambios en los destinos antes de que exista una resolución judicial definitiva. Por ello, ha reclamado que se paralicen los ceses, las comisiones de servicio vinculadas al repliegue y el concurso restringido de vacantes, además de cualquier otra medida que pueda alterar la situación actual del personal.
Jucil también exige que tanto la propia organización como los agentes afectados reciban información previa sobre las decisiones que se adopten y sobre la vigencia de las fechas previstas para los traslados. Su objetivo es evitar que los cambios se ejecuten mientras continúa abierta la controversia judicial.
Una sentencia que mantiene abierto el conflicto
Uno de los elementos centrales de la polémica es la resolución de la Audiencia Nacional sobre la orden ministerial relacionada con la reestructuración policial. Según la información trasladada por Jucil, el tribunal cuestionó la justificación jurídica de la creación de la Comisaría de Roquetas de Mar y la ausencia de estudios previos que respaldaran esa decisión.
La asociación considera que, mientras no se aclare el recorrido judicial de esta resolución, no deberían ejecutarse actuaciones que puedan afectar de forma irreversible a la organización del servicio y a las condiciones profesionales de los guardias civiles destinados en la localidad.
Por ello, pide que se mantenga la situación actual hasta que el Tribunal Supremo decida si tramita el recurso de casación. La petición no supone, por sí misma, que los traslados hayan quedado suspendidos, sino que Jucil reclama a los responsables de Interior que paralicen el proceso mientras se resuelve la incertidumbre jurídica.
Falta de transparencia y acciones legales
La organización ha solicitado que se fije «con carácter urgente» una nueva fecha para reunirse con el general jefe de la Zona de Andalucía. El encuentro serviría para abordar la continuidad del Puesto Principal de Roquetas de Mar y conocer las decisiones previstas antes de que se produzcan los primeros ceses.
Jucil también ha advertido de que «ejercerá las acciones administrativas y judiciales que procedan» para defender tanto la permanencia de la Guardia Civil en el municipio como los derechos de los agentes afectados. En caso de que se produzcan perjuicios, la asociación contempla solicitar el restablecimiento de las situaciones alteradas y reclamar las indemnizaciones que correspondan por los daños económicos acreditados y legalmente indemnizables.
El subsecretario general de Relaciones Institucionales de Jucil, Rafael Maldonado, ha criticado la actuación de la Dirección General de la Guardia Civil y ha calificado de «vergüenza» el trato recibido por los agentes, al considerar que existe una «falta de transparencia y empatía» ante la reorganización. «Los siguen tratando como a meros números y no como a personas», ha señalado.
