La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a un hombre de 64 años a seis años y medio de prisión por agredir sexualmente de forma continuada a un menor de 15 años con discapacidad intelectual. El acusado, bombero forestal jubilado, reconoció ante el tribunal haber cometido los hechos y pidió perdón a la víctima y a su familia durante el juicio, donde se limitó a declarar para admitir su responsabilidad.
Las agresiones no fueron un hecho puntual. Según recoge la sentencia, se prolongaron durante aproximadamente un año, hasta que la víctima cumplió los 16 años. El tribunal considera probado que el condenado conocía la edad del menor y su discapacidad intelectual, una condición que, según el fallo, era «apreciable a simple vista».
El método: confianza y miedo
El acusado utilizó un patrón de actuación en dos fases. En un primer momento, se ganó la confianza del menor ofreciéndole chucherías, alcohol, tabaco y pequeñas cantidades de dinero. Después, trasladaba a la víctima a las afueras de la localidad, donde la obligaba a mantener relaciones sexuales.
Cuando el control a través de los regalos dejó de ser suficiente, pasó a la intimidación directa: perseguía al menor por el pueblo, controlaba sus movimientos, lo llamaba de forma reiterada por teléfono, le propinaba golpes y le mostraba una navaja amenazándole con cortarle un dedo.
La víctima sufre estrés postraumático, pesadillas, baja autoestima y síntomas físicos como consecuencia de las agresiones reiteradas
Las consecuencias psicológicas para el menor han sido significativas. La sentencia recoge que ha desarrollado estrés postraumático con intrusión de recuerdos y pesadillas, así como vergüenza, miedo, sentimiento de culpa, baja autoestima y síntomas físicos como dolor de barriga, náuseas y cansancio.
Penas adicionales y compensación
Además de la pena de prisión, el condenado deberá cumplir 12 años de prohibición de comunicación y aproximación al menor, e igual periodo de inhabilitación para cualquier actividad profesional o voluntaria con menores de edad. Asimismo, quedará sujeto durante seis años a libertad vigilada con obligación de participar en cursos de educación sexual.
En concepto de responsabilidad civil, la familia del acusado reunió 40.000 euros, cantidad que será entregada a la víctima como indemnización por el daño y las secuelas causadas.
La Fiscalía pedía inicialmente 15 años, pero la pena quedó en seis años y medio tras reconocerse atenuantes de drogadicción y reparación del daño
La Fiscalía solicitó inicialmente una pena de 15 años de prisión, que posteriormente rebajó a diez años y 45 días al reconocer dos atenuantes: la reparación del daño y la drogadicción. La hija del acusado declaró durante el juicio que su padre era adicto a la cocaína y otras sustancias, y que en el momento de los hechos estaba sufriendo una recaída. La defensa añadió el atenuante de confesión y solicitó cuatro años y tres meses. El tribunal también tuvo en cuenta que el acusado tenía «levemente afectadas» sus facultades intelectivas y volitivas por el consumo de drogas.
El condenado permanece en prisión provisional desde noviembre de 2024. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



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