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La instrucción por el presunto blanqueo de capitales del narcotráfico en El Puerto de Santa María acelera el paso con la declaración de una treintena de testigos ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia.
Esta ronda de testimonios, que cerró su primera fase penal el pasado viernes 10 de julio, coincide con el análisis de la Policía Judicial de Sevilla a los expedientes de patrocinio de los festivales Pal Sur y Puro Latino, requisados en las oficinas de la Diputación de Cádiz y de la Consejería de Turismo.
El avance de las pesquisas ya ha provocado consecuencias en la administración autonómica con la dimisión del director general de Andalucía Global este lunes 13 de julio, tras verse señalado por un testigo en la causa.
El sumario y los contratos bajo sospecha
El sumario judicial investiga una presunta red de corrupción destinada a la obtención de contratos públicos, licencias de ocio y subvenciones a través de supuestos sobornos.
En el epicentro de la causa se encuentran mensajes de un grupo de WhatsApp compartido por los principales sospechosos, donde se detallaban maniobras para acceder a cargos técnicos y políticos de las instituciones gaditanas.
A raíz de estas sospechas, la Diputación de Cádiz dictó un decreto el 10 de julio para suspender cautelarmente todos los patrocinios públicos a los eventos vinculados a la trama por riesgo reputacional.
Los detenidos y el dinero oculto
El operativo policial explotó el pasado 3 de julio con registros simultáneos en los que los agentes incautaron un total de 1,8 millones de euros en metálico.
Más de 1,1 millones de euros se hallaban ocultos en el domicilio del empresario portuense Pascual Llopis, con cerca de 455.000 euros guardados en bolsas envasadas al vacío, además de una flota de vehículos de alta gama y quince relojes de lujo.
Prisión provisional
El juzgado mantiene desde el inicio de las detenciones la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para los principales encausados. Entre ellos se encuentran el propio Llopis y el empresario sevillano Mario García Lobato, a quien los investigadores de la Guardia Civil sitúan como el administrador real y cerebro de la estructura societaria utilizada para introducir el dinero negro del tráfico de drogas en el mercado legal.
