El Ministerio de Hacienda ha presentado a las comunidades autónomas una propuesta de nuevo modelo de financiación que, según las estimaciones del Gobierno, supondría un incremento de 4.800 millones de euros anuales para Andalucía respecto al sistema vigente. La reforma, que el Ejecutivo prevé que entre en vigor en 2027, elevaría en 20.975 millones los recursos totales del conjunto de comunidades autónomas.
De acuerdo con los cálculos trasladados por Hacienda, Andalucía concentraría en torno al 23% del aumento global de financiación, un porcentaje superior a su peso poblacional. El Ministerio atribuye este resultado a los nuevos criterios de reparto y a una mayor aportación del Estado al sistema.
Hacienda redibuja la financiación autonómica sin despejar el reparto final entre comunidades
La propuesta fue presentada este jueves por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y será analizada por los gobiernos autonómicos en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario.
Más recursos para el sistema autonómico
Según el Ministerio, el nuevo modelo distribuiría en 2027 un total de 224.507 millones de euros, frente a los 152.484 millones que recibieron las comunidades en el último ejercicio liquidado, correspondiente a 2023. El incremento se explica tanto por el aumento de la recaudación prevista como por una mayor aportación directa de la Administración General del Estado.
Hacienda señala que el objetivo de la reforma es reforzar la financiación de los servicios públicos fundamentales, reducir las diferencias en recursos por habitante y garantizar que ninguna comunidad autónoma pierda financiación respecto al modelo actual, una garantía que se recoge en una cláusula de statu quo.
Cambios en los criterios de reparto
Uno de los principales elementos del nuevo sistema es la actualización del criterio de población ajustada, que determina las necesidades de gasto de cada comunidad en función de variables demográficas, sociales y territoriales.
La propuesta introduce una mayor desagregación por tramos de edad para calcular el gasto sanitario, amplía los indicadores educativos e incorpora nuevos factores vinculados a los servicios sociales, como la población mayor de 80 años o el número de personas desempleadas sin prestación. También se tienen en cuenta variables como la superficie, la dispersión de la población o los costes fijos, que inciden en la prestación de servicios públicos.
Según Hacienda, esta metodología tendría un impacto relevante en comunidades con mayor población, mayor extensión territorial y mayores necesidades sociales, entre ellas Andalucía.
Mayor capacidad tributaria
El modelo también plantea un aumento de la cesión de impuestos a las comunidades autónomas. En el caso del IRPF, la participación autonómica pasaría del 50% al 55%, mientras que en el IVA aumentaría del 50% al 56,5%. Además, se abre la posibilidad de que las comunidades reciban de forma voluntaria una parte del IVA generado por las pymes en su territorio.
La propuesta incorpora asimismo un fondo climático de 1.000 millones de euros y prevé cambios en el sistema de entregas a cuenta para hacerlo más ágil.
El Gobierno ha remitido el documento a las comunidades para su evaluación y negociación en el CPFF, donde los distintos ejecutivos autonómicos fijarán su posición sobre un modelo que deberá ser consensuado antes de su eventual aprobación.
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